Venezuela, dictadura procesa a activistas de derechos humanos por terrorismo. Tribunal de Venezuela acusó formalmente a Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, y a otros dos activistas por terrorismo.
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Apenas tres días después que el grupo realizara una conferencia de prensa en Caracas alegando vínculos entre miembros del gobierno y grupos armados ilegales de Colombia, se produce la sentencia del tribunal de la dictadura de Venezuela.
FundaRedes ha sido la entidad más activa en documentar y denunciar los abusos de los grupos armados colombianos irregulares en las zonas fronterizas y su tráfico ilegal y actividades mineras.
Tarazona, su hermano, José Rafael Tarazona, Omar de Dios García y el activista de derechos humanos Yhonny Romero fueron arrestados el viernes en el estado noroccidental de Falcón luego de informar que su equipo había sido acosado por funcionarios del servicio de inteligencia y hombres no identificados los estaban esperando en su hotel, dijo FundaRedes en Twitter.
Romero fue liberado horas después.
Los otros tres hombres fueron acusados de instigación al odio, traición y terrorismo. El tribunal ordenó que permanezcan en la cárcel de Caracas.
«Ahora hay 45 días para que la fiscalía investigue y esclarezca los hechos», dijo Alonso Medina Roa, abogado de los activistas.
«Los venezolanos tienen derecho a informar, libres de intimidación y detención arbitraria como represalia», escribió el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, en Twitter el viernes por la noche, pidiendo la liberación de los activistas.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió en Twitter: «Un Estado democrático, que respeta el Derecho Internacional, no promueve ataques y conspiraciones a través de supuestas ONG, con el fin de generar violencia en países soberanos».
La Unión Europea también expresó su preocupación por la detención de los activistas en Twitter, al igual que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien escribió: «Informar sobre la presencia de guerrilleros, el secuestro de soldados y la violación de los derechos humanos no es un delito».
Varios grupos de derechos y activistas venezolanos, así como personal de ONG internacionales como Human Rights Watch, también han pedido su liberación.
El Ministerio de Información y la Fiscalía de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.
