Silenciosa muerte del grupo anticorrupción de Brasil. El artículo en The Economist pone de manifiesto que la liquidación de Lava Jato en Brasil es una victoria de la vieja política contra la anticorrupción.

Brasil anticorrupción

Durante varios años hizo temblar a los poderosos. Las revelaciones del grupo de trabajo de fiscales de Curitiba que encabezó la investigación anticorrupción conocida como Lava Jato llevaron a millones de brasileños a las calles indignados.

Esas protestas contribuyeron al juicio político de una presidenta, Dilma Rousseff, en 2016. Los fiscales consiguieron sentencias de cárcel para su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y Marcelo Odebrecht, el noveno hombre más rico de Brasil.

El 3 de febrero pasado, el grupo de trabajo terminó su tarea casi en silencio. Su desaparición marca el fin simbólico de un impulso sin precedentes para reducir la corrupción en América Latina.

Lamentablemente, hay pocas razones para pensar que ha marcado una diferencia duradera. La pandemia y la depresión económica han desplazado, probablemente de modo temporal, las preocupaciones sobre los delincuentes con traje.

Lava Jato comenzó con un blanqueador de dinero que usaba un servicio de transferencia de dinero en una gasolinera en Brasilia (de ahí su nombre). Los fiscales descubrieron una red de sobornos por contratos acolchados emitidos por Petrobras, el gigante petrolero controlado por el estado, durante más de una década en la que el Partido de los Trabajadores de Lula estuvo en el poder.

El grupo de trabajo utilizó nuevas herramientas, incluida la negociación de declaraciones de culpabilidad y el intercambio de información financiera con autoridades suizas y otras. Descubrieron que Odebrecht, una empresa de construcción, había creado una unidad de sobornos que pagaba 800 millones de dólares en una docena de países, entre ellos Perú, una historia bastante conocida en el Perú.

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