Pueblos indígenas en Perú deberán ser consultados en concesiones mineras

Pueblos indígenas en Perú deberán ser consultados en concesiones mineras. Las leyes peruanas y los tratados internacionales requieren que se consulte a los pueblos indígenas sobre los proyectos que afectarían sus derechos comunitarios, como el derecho al territorio. Pero las concesiones se otorgan sin consulta. La denuncia es de la religiosa Patricia Ryan. Su organización de derechos humanos acaba de ganar el premio Letelier-Moffitt por su trabajo con agricultores indígenas en las alturas de la Cordillera de los Andes en Perú.

Pueblos indígenas Perú

La organización vincula los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Tiene sede en Puno y es más conocida como DHUMA. Enseña a las personas a defender sus derechos bajo las leyes de Perú y las normas internacionales.

DHUMA fue fundada en 2007 por la hermana Patricia Ryan y otros que antes trabajaban en la oficina de derechos humanos de la Prelatura Católica de Juli, en  Puno.

La organización ganó recientemente un fallo histórico. Las comunidades indígenas deben ser consultadas antes que el gobierno pueda otorgar concesiones mineras en sus tierras.

Comunidades quechua y aymara

Estas personas «no son tomadas en cuenta en asuntos que afectan sus derechos o territorio», dice Ryan. El área ofrece muchas concesiones mineras que se superponen a tierras donde las familias indígenas han vivido durante generaciones. Ya sea criando ovejas, llamas y alpacas, así como cultivos como papas y quinua.

La gente a menudo no sabe acerca de las concesiones mineras y no saben las leyes en su defensa.

«Cuando las personas saben que estos son sus derechos, y que los derechos no son negociables, pueden hablarle al poder», dice Patricia Ryan. «Ayudamos a las personas a capacitarse para conocer sus derechos y los de la Madre Tierra, que son uno y el mismo. Su relación con la tierra es muy íntima».

Dos de los primeros casos del grupo están a la espera de las decisiones del Tribunal Constitucional del Perú en Lima. Un tercero, que involucra a una docena de comunidades, se convirtió en un hito a finales de 2016 cuando un tribunal de apelación dictaminó que el gobierno debe consultar a las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras que afecten sus tierras. En el pasado, solo se requería consulta cuando la empresa estaba lista para comenzar la producción.

El año pasado, un tribunal ordenó al gobierno cancelar 13 concesiones mineras porque las comunidades afectadas no habían sido consultadas sobre ellas.

La organización también está brindando asistencia jurídica a cinco personas que enfrentan cargos por liderar una protesta masiva contra un controvertido proyecto minero en 2011.

«La criminalización de las protestas se ha convertido en un arma masiva del estado contra personas que simplemente están tratando de hacerse oír», concluye Ryan.

Puno es una de las regiones del Perú con más conflictos por cuestiones ambientales relacionadas con las concesiones mineras y la contaminación industrial que ha contaminado pastos, ríos y arroyos.

Constitución de Bolivia traducida al aymara, quechua y guaraní

 

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