Proyecto de ley en Argentina limita periodismo de investigación. La iniciativa responsabiliza a los medios de comunicación por divulgar informaciones y denuncias sobre actos de corrupción.

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El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, se mostraron sorprendidos y calificaron el proyecto de ley de “incongruente con la libertad de prensa y la labor informativa de los medios”.

Consideran que el proyecto impone a los medios responsabilidades sobre los casos judiciales que no les corresponden. Agregaron que el proyecto “minimiza la debida transparencia que debe existir sobre la administración pública al blindar a los funcionarios e individuos corruptos, pero, sobre todo, coarta el derecho del público a saber”.

El proyecto de ley S-3435/19 presentado ante el Senado argentino, establece que la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado”, es una de las razones por las que se puede declarar nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de los acusados.

Barnes destacó que “Argentina tiene una gran tradición de periodismo investigativo, incluso premiado a nivel internacional, que ha contribuido a la transparencia y el derecho a la información de la sociedad”. Agregó que “sería un contrasentido para la democracia que este proyecto prospere y sea legitimado por una clase política que debe tener más obligaciones que privilegios”.

Rock advirtió que el proyecto deja una ventana abierta muy peligrosa: “los corruptos o sus aliados podrían aprovechar las redes sociales para difundir información intencionada, que retomada luego por los medios serviría para blindar sus casos ante la justicia”.

Las autoridades de la SIP esperan que el proyecto de ley sea archivado, ya que representan un duro golpe a la libertad de prensa y a la democracia, valores que la Argentina ha venido consolidando desde la restauración democrática en 1983.

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