Peruanas obligadas a ligarse las trompas durante el régimen de Fujimori

Peruanas obligadas a ligarse las trompas durante el régimen de Fujimori. Han surgido nuevos casos de mujeres que fueron obligadas a ligarse las trompas durante el gobierno de Fujimori. Las esterilizaciones forzadas ahora son asunto de interés nacional en Perú.

A Rute Zúñiga la amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento. En la provincia de Anta, en Cusco, Perú, las autoridades la amenazaron con no registrar a su hija recién nacida si no acudía primero al centro de salud.

Su caso es similar al de otras cientos de miles de mujeres en Perú que, entre 1990 y 2000, fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva en regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena.

El caso de las esterilizaciones forzadas fue elevado a «asunto de interés nacional de Perú» por un decreto emitido por el entonces presidente del país, Ollanta Humala. El Congreso peruano en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica. La conclusión es que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar. Una monstruosidad del gobierno de Alberto Fujimori.

El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su «consentimiento genuino».

Peruanas obligadas

Activistas de derechos humanos y de la mujer reclaman una reparación histórica para las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas.

Reportes periodísticos de la época y el informe congresal de 2002 concluyó que en ese periodo se establecieron «metas numéricas» e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano.

Keiko Fujimori rechazó que el gobierno de su padre hubiese instruido las esterilizaciones forzadas en la década del 90. Mientras que Hilaria Supa indica que las víctimas de los programas de esterilización de la última década del siglo XX «deben recibir una reparación del sistema de salud de Perú».

«Ellas han sufrido discriminación en los hospitales desde entonces y deben acceder a programas de salud y de salud mental», señaló.

Keiko Fujimori señaló que «hay responsabilidades personales en los médicos que no respetaron sus protocolos» e insistió en que en el mandato de su padre no se ordenaron esterilizaciones forzadas.

«Aquellas que han sido dañadas tienen que recibir una reparación por parte del Estado. Pero como mujer también creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tenemos», concluyó.

 

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