Perú, víctimas de esterilizaciones forzadas esperanzadas

Perú, víctimas de esterilizaciones forzadas esperanzadas. Según estimaciones, más de 300.000 mujeres y alrededor de 22.000 hombres recibieron esterilizaciones forzadas en Perú entre 1996 y 2000.

Perú esterilizaciones

En la mayoría de los casos, la operación se realizó sin anestesia ni cuidados posoperatorios.

La masiva iniciativa, llevada a cabo durante un período de cuatro años por el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, fue conocida como el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Tenía como presunto objetivo la reducción de la pobreza.

La Corte Penal Internacional ha condenado las medidas calificándolas de crímenes de lesa humanidad, pero el sistema de justicia peruano sigue demorando en investigar el asunto y enjuiciar a los responsables.

Reconocimiento tardío

El gobierno peruano tardó 20 años en aceptar el hecho de que las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas. Ahora existen planes de reparación que son parte de un acuerdo más amplio destinado a abordar las graves y masivas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Perú durante el conflicto armado interno del país entre 1980 y 2000, que enfrentó a las tropas gubernamentales contra las fuerzas rebeldes pertenecientes al Luminoso. Sendero y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

El programa de esterilización forzada se centró en las mujeres en edad fértil, la mayoría de las cuales procedían de aldeas rurales pobres de la sierra andina o pertenecían a poblaciones indígenas desfavorecidas. Algunos de ellas nunca antes habían tenido hijos.

Mamerita Mestanza Chávez, una mujer de 33 años, fue uno de esos casos. De 1996 a 1998, se enfrentó a presiones intimidatorias para someterse a una operación. No recibió ayuda médica ni antes ni después de la operación, sufrió heridas graves y luego murió como resultado.

Varios grupos de derechos humanos presentaron una petición sobre su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999.

Sin embargo, los fiscales estatales peruanos detuvieron las investigaciones varias veces, lo que provocó protestas de organizaciones de derechos humanos y del pueblo peruano. Su caso ha sido finalmente retomado, pero hasta ahora nadie ha sido acusado de irregularidades.

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