Perú, restricciones a ONG pone alerta internacional
Perú, restricciones a ONG pone alerta internacional. Instituto de Derechos Humanos de Asociación Internacional de Abogados expresó preocupación por decisión de Perú en restricciones a las ONG.
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La Asociación Internacional de Abogados expresa su preocupación por las restricciones en Perú a la actividad de las ONG.
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) expresó el jueves su preocupación por la decisión de Perú de ampliar el alcance y los poderes de su Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que impactará las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El IBAHRI advirtió que las recientes enmiendas a la APCI “corren el riesgo de una aplicación arbitraria y políticamente motivada”, lo que podría llevar a la estigmatización y persecución de las ONG que trabajan en derechos humanos. El instituto señaló que el artículo 21 del proyecto de ley consolidado impide el financiamiento de cualquier acción contra el Estado peruano, incluso en procedimientos de derechos humanos.
El instituto afirmó: “Las restricciones a la capacidad de las ONG para brindar asistencia legal o apoyar los litigios de las víctimas de violaciones de derechos humanos en reclamos contra el Estado peruano socavan el derecho a acceder a protección y recursos judiciales efectivos”.
El IBAHRI también enfatizó que las modificaciones son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos . El instituto instó al Ejecutivo a derogar las enmiendas y al gobierno peruano a entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil y otros actores para garantizar el respeto del derecho internacional de los derechos humanos.
La APCI se creó en 2002 mediante un decreto legislativo, conocido como Ley 27692 , con el fin de regular la cooperación internacional en el Perú. La APCI registra y regula a las ONG que colaboran con organismos internacionales, garantiza la transparencia en el uso de recursos, como la ayuda exterior, y mantiene las relaciones entre los organismos internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
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En marzo, Perú aprobó reformas a la Ley 27692 que ampliarían las facultades de la APCI, con el objetivo de fortalecer su labor. Amnistía Internacional criticó la medida y expresó su preocupación por el hecho de que las reformas socavan la labor de las ONG y vulneran las libertades fundamentales entre las principales restricciones.
Los cambios incluyeron la aprobación previa obligatoria para las actividades de las ONG, permiso para que la APCI tenga discreción en la autorización, una prohibición de acciones legales contra el Estado, mayores requisitos de presentación de informes y registro, definiciones más amplias y vagas de “actos que afectan negativamente al orden público” y severas sanciones por incumplimiento.
Según el Centro Internacional para el Derecho de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ICNL), las ONG ya enfrentan dificultades para lograr estabilidad financiera y a largo plazo. El ICNL añadió que la frecuente corrupción, sumada a una comunidad de ONG de izquierdas, ha generado frecuentes tensiones entre las ONG y el gobierno, así como medidas represivas contra sus actividades durante varias décadas.
El ICNL analizó las enmiendas, destacando su impacto particular en el derecho a contratar, la libertad de asociación, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el impacto de las sanciones punitivas.
La ONU también expresó su preocupación el jueves por la aprobación de las enmiendas, afirmando que “el uso de narrativas” para estigmatizar a la sociedad civil y los movimientos sociales… presagia autoritarismo. Las embajadas de Estados Unidos, el Reino Unido y la UE en Perú emitieron una declaración conjunta en junio de 2024 en la que expresaron que las enmiendas podrían limitar la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio.
