Perú, proyecto para facilitar expulsión de migrantes venezolanos

Perú, proyecto para facilitar expulsión de migrantes venezolanos. Proyecto de ley en Perú establece vínculo entre delincuencia y ola masiva de venezolanos, buscando rápida expulsión.

Perú expulsión venezolanos

Con la modificación del decreto ley sobre inmigración y la revisión del código penal, el Gobierno del presidente del Perú Pedro Castillo pretende dar un duro golpe a la «inseguridad ciudadana», que atribuye en gran medida a los «ciudadanos extranjeros», eufemismo por venezolanos.

Espera así cumplir una de sus promesas de campaña de 2021, cuando reservó «setenta y dos horas» de salida de Perú para «los que vienen de otros países a faltarle el respeto».

El texto, extremadamente duro con los extranjeros, amplía las causales de expulsión y extiende de quince a veinticinco años la prohibición de entrada al territorio para los migrantes que delinquen.

Entre las nuevas causales de expulsión: no respetar las medidas sanitarias –no tener las vacunas al día, por ejemplo, cuando la vacunación no es obligatoria en el Perú–, no poder presentar los documentos de identidad, conducir un vehículo de reparto sin autorización o llevar un arma.

También se prevén penas más severas para la “desobediencia” a la autoridad con un mínimo de tres años de prisión; o por negarse a someterse a un análisis de sangre para determinar la ingestión de drogas o alcohol.

Presentado el 15 de agosto, el proyecto de ley no oculta que apunta principalmente a los migrantes venezolanos, que suman alrededor de 1,5 millones en el país, muy por delante de los colombianos (41.000) y bolivianos (21.000) y la mitad de los cuales se encuentran en situación irregular, según el administración responsable de la inmigración.

Xenofobia

En una presentación de quince páginas, el gobierno pretende vincular la inseguridad galopante a la presencia de venezolanos, más masiva desde 2017. El Ejecutivo desea así combatir la delincuencia en el país, principal preocupación de los peruanos según un estudio reciente de Ipsos, recién detrás del problema de la corrupción.

Sin embargo, este análisis se contradice con todos los informes recientes sobre inseguridad. En junio, un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio Público indica que “las denuncias contra personas refugiadas y migrantes venezolanas representan un porcentaje mínimo de los registros policiales”, con solo el 0,6 % de las denuncias por delitos entre 2019 y 2020, en Lima, la capital.

Por su parte, un informe del Ministerio de Justicia de mayo, sobre “Migración y delincuencia en el Perú”, concluye que “sería una irresponsabilidad establecer una relación de causalidad entre el aumento de la delincuencia y el fenómeno migratorio venezolano”.

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