Perú, Parroquia Virgen Milagrosa en campaña global LGBTQIA+. La homosexualidad es legal en Perú desde 2004, pero los derechos LGBTQIA+ sufren discriminación, aunque no en Parroquia Virgen Milagrosa.
Perú Parroquia Virgen Milagrosa LGBTQIA+
Para hacer brillar los colores de la bandera del arcoíris en las iglesias del Perú Amnistía Internacional presentó una campaña visual con el fin de sacudir las actitudes frente a los derechos LGBTQIA+ en Parroquia Virgen Milagrosa.
La misma campaña es visible en La Sagrada Familia (España), la Mezquita Rosa (Irán) y la Capilla de Acción de Gracias (Estados Unidos) y la Parroquia Virgen Milagrosa (Perú).
Amnistía Internacional
Al mismo tiempo, el gobierno de Perú ha negado cualquier política de violaciones sistemáticas de derechos humanos y racismo en el país, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión de las recientes protestas antigubernamentales.
«El gobierno (…) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, ni lo que se ha calificado como ‘racismo sistémico’ en la actuación de las diferentes autoridades», dijo el Departamento de Justicia.
En un informe publicado el jueves, Amnistía Internacional acusó al gobierno peruano de «cometer graves violaciones de derechos humanos en el contexto de su violenta represión de las manifestaciones». Según la ONG, las autoridades también actuaron «con un marcado sesgo racista, apuntando a poblaciones históricamente discriminadas».
Manifestaciones
Las protestas en Perú estallaron hace más de dos meses exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones generales y Asamblea Constituyente. Durante estas protestas, 48 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la mayoría en las regiones andinas del sur y suroeste.
“La represión asesina es otra muestra del desprecio de la policía por la población indígena y campesina”, asegura el informe de Amnistía. El Ministerio de Justicia aseguró facilitar las investigaciones oficiales para identificar a “responsables de graves violaciones al derecho a la vida”. También ha destacado que el Gobierno es «consciente» de que «la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores retos».
