Perú, para ONU esterilizaciones forzadas son criminales. ONU califica esterilizaciones forzadas de mujeres en Perú en la época de Alberto Fujimori como “crimen contra la humanidad”.
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La ONU califica esterilizaciones forzadas de mujeres en Perú como “crimen contra la humanidad” al tiempo que el gobierno debe indemnizar a las víctimas de un programa que afectó a más de 300.000 mujeres en los años 90, bajo la presidente de Alberto Fujimori.
Un comité de la ONU instó a Perú a indemnizar a las mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza en la década de 1990 , dictaminando que la política estatal podría constituir un “crimen contra la humanidad”.
La esterilización forzada fue parte de un programa implementado por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, durante los últimos cuatro años antes de dejar el cargo en 2000 después de una década en el poder.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmó que cientos de miles de personas se habían visto afectadas.
El comité, compuesto por 23 miembros, emitió su dictamen tras examinar una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas a la fuerza entre 1996 y 1997. “Las víctimas afirmaron que las esterilizaciones forzadas a las que se sometieron tuvieron consecuencias graves y permanentes para su salud física y mental”, afirmó en un comunicado.
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Los expertos denunciaron el fracaso de Perú a la hora de investigar adecuadamente las violaciones y compensar a las víctimas, instando al país a poner en marcha un “programa integral de reparación para las víctimas”.
Afirmó que “la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen contra la humanidad”.
Peruanas esterilizadas
Las mujeres, que llevaron su caso al comité en 2020, describieron “un patrón consistente de ser coaccionadas, presionadas o engañadas para someterse a esterilizaciones en clínicas que carecen de la infraestructura adecuada o personal capacitado”, dijo la miembro del comité Leticia Bonifaz en el comunicado.
Lo calificó de “ataque sistemático y generalizado contra las mujeres rurales e indígenas”, llevado a cabo sin su pleno entendimiento o consentimiento.
El comité describió el caso de una víctima de Pichgas, en el centro de Perú, que dijo que unos médicos la detuvieron en la calle en octubre de 1996.
La mujer, que dijo ser analfabeta y nunca firmó nada, fue dormida y cuando despertó las enfermeras le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”, señala el comunicado.
“Sintió fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta inmediatamente y tuvo que caminar de regreso a su casa sin ningún cuidado postoperatorio”, indicó.
“Cuando su marido se enteró de que la habían esterilizado, la abandonó”. El comité determinó que el programa constituía “violencia sexual contra la mujer”.
Sus opiniones y recomendaciones no son ejecutables.
Si bien Perú había argumentado que el programa de esterilización era parte de una política de salud reproductiva más amplia, con procedimientos realizados tanto en hombres como en mujeres, los expertos señalaron que 25.000 hombres fueron esterilizados a la fuerza, en comparación con más de 300.000 mujeres.