Perú, la Iglesia contra Boluarte
Perú, la Iglesia contra Boluarte. Plazo para que presidenta del Perú Dina Boluarte introduzca cambios o promulgue un proyecto de ley anti ONG está siendo criticado por la Iglesia.
Perú Iglesia Boluarte
Iglesia critica proyecto de ley “anti-ONG” en Perú impulsado por la presidenta Dina Boluarte. El plazo para que la mandataria introduzca cambios o promulgue un proyecto de ley que está siendo criticado como un proyecto contra organizaciones de derechos humanos vence el 2 de abril.
Varias organizaciones no gubernamentales, asociaciones de derechos indígenas y miembros de la Iglesia Católica han criticado duramente los cambios aprobados por el Congreso peruano el 12 de marzo a la ley 27692, que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (conocida popularmente como ley APCI).
Según los opositores del proyecto, la APCI -organismo del Estado encargado de supervisar y orientar los convenios de cooperación técnica internacional que involucran a entidades estatales o cívicas del Perú- se convertiría de repente en un organismo excesivamente poderoso, capaz no sólo de cortar los fondos que vienen del exterior y financian a los grupos de defensa de los derechos humanos, sino también de impedirles completamente operar.
El proyecto de ley establece que las ONG deben obtener la conformidad previa de la APCI antes de implementar sus planes, programas, proyectos o actividades. De no hacerlo, incurren en falta grave y pueden verse sujetas a la paralización de sus operaciones.
El proyecto de ley también tipifica como “infracción muy grave” el uso indebido de fondos internacionales para interponer acciones administrativas o judiciales, en el Perú o en el extranjero, contra el Estado peruano. Grupos de derechos humanos y asociaciones indígenas han denunciado en repetidas ocasiones, durante los últimos meses, que dicha medida es inconstitucional, dado que impediría el libre ejercicio de acciones legales contra el Estado.
Peruanos eclesiásticos
Varias organizaciones cívicas, incluyendo grupos eclesiásticos, han emitido declaraciones condenando el proyecto de ley en las últimas semanas. Es el caso de CIDSE, una red internacional de 18 organizaciones católicas de justicia social. En una declaración publicada el 20 de marzo, expresó su profunda preocupación por la aprobación de medidas legislativas en Perú que comprometen el apoyo a las personas y poblaciones más pobres y vulnerables, y socavan el acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos y derechos colectivos.
“CIDSE advierte sobre este grave retroceso que limita el espacio cívico e impone un control indebido sobre la sociedad civil, debilitando la democracia y la participación ciudadana, y aumentando el riesgo de impunidad en el Perú”, señala el documento.
Según la organización, las medidas “podrían afectar la libertad de expresión y asociación, el derecho a defender los derechos humanos y a supervisar la acción del Estado, y los derechos colectivos a la consulta previa y a decidir las formas de desarrollo que elijan los pueblos”.
“Compartimos la preocupación expresada por diversos organismos nacionales e internacionales, incluidas embajadas de países cooperantes y relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, quienes han advertido sobre la importancia de que estas reformas no restrinjan injustificadamente el trabajo de la sociedad civil y el derecho a operar en un entorno favorable”, se lee en el texto.
El 25 de marzo, los obispos amazónicos del Perú publicaron una carta pública dirigida al presidente Boluarte y a todos los demás jefes de Estado sobre el polémico proyecto de ley.
