Perú, jurista Llerena Robles denuncia atropello judicial. Activista y jurista de Perú José Carlos Llerena Robles sostiene que el intervencionismo estadounidense es un atropello judicial histórico.
Perú jurista Llerena Robles
Por José Carlos Llerena Robles
El activista y jurista de Perú José Carlos Llerena Robles sostiene que el intervencionismo estadounidense en la justicia peruana tiene raíces mucho más profundas
El 13 de abril, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, publicó una foto con la fiscal general peruana, Patricia Benavides, en su cuenta personal de Twitter. Agregó que las dos tuvieron una reunión para discutir “la importancia de avanzar con las investigaciones de incidentes de violencia y casos de derechos humanos en los últimos meses”.
Este tuit es una evidencia más no solo del papel jugado por la embajada de EE. UU. en el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, sino también de una larga historia de intervencionismo de EE. UU. en el sistema de justicia de nuestro país. También muestra que hoy, en un período de transición multipolar, es sumamente estratégico para EE.UU. cuidar su “Patio Trasero” y dar continuidad a la Doctrina Monroe.
No cabe duda del papel fundamental que jugó el Fiscal Benavides en la trama judicial, parlamentaria y mediática para lograr la detención ilegal y arbitraria del Presidente Castillo. Por lo tanto, las reuniones previas al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como las felicitaciones públicas de la embajadora Kenna, ex oficial de la CIA según su currículum público, a la fiscal no son casualidad. Cabe señalar que la hermana del fiscal es sospechosa en el caso de delincuencia organizada “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Estados Unidos
Sin embargo, esta intromisión de la hegemonía estadounidense en los asuntos internos del Estado peruano no es reciente ni específica de este caso. El economista Silvio Rendón, en su libro “La intervención de Estados Unidos en el Perú. Del proyecto de protectorado a Wikileaks”, sistematiza el intervencionismo yanqui en nuestro país desde la Guerra del Pacífico, con sus modalidades que van desde sus modalidades militares hasta la industria de los “Derechos Humanos”.
A principios del año 2000, en el conocido período del “retorno a la democracia”, este intervencionismo adoptó otro cariz. A través de ONGs y con financiamiento de USAID, se apoyó la “Reforma del Sistema de Justicia”.
El objetivo de esta táctica intervencionista es garantizar el control sobre el diseño y la aplicación del Sistema de Justicia en el Perú para salvaguardar los intereses económicos, comerciales y geopolíticos de Estados Unidos en el país. Por ejemplo, USAID estuvo a cargo de la capacitación y promoción del nuevo Código Procesal Penal, como lo detalla Javier De Belaunde en su texto “La Reforma del Sistema de Justicia, ¿por el camino correcto?”
Como señala De Belaunde, “el nuevo Código propone un nuevo modelo procesal penal. La nueva ley, que es acusatoria, oral y pública, redefine los roles de los jueces y del Ministerio Público”.
En otras palabras, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ayudó a determinar las reglas procesales del proceso penal peruano, así como la “capacitación” de los actores estatales en el proceso, como el Ministerio Público.
Sistema de justicia
La importación de categorías o mecanismos jurídicos también forma parte del intervencionismo en el sistema de justicia. Esto no solo garantiza procedimientos similares a los que existen en Estados Unidos, sino que construye y alimenta un consenso entre los operadores jurídicos acerca de cómo el modelo estadounidense de justicia es un ideal.
Así sucede con la Ley de Colaboración Efectiva, o Plea Negociación, que hoy en día es tan útil para esquemas de Lawfare donde la imputación de delitos de “corrupción” a líderes progresistas y de izquierda siempre se basan en testimonios de “testigos” y “colaboradores efectivos”, y no en evidencia para apoyar un cargo criminal.
La Colaboración Efectiva hace posible que el juez Moro, pupilo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, diga sin rodeos, al momento de sentenciar al presidente Lula Da Silva: “No tengo pruebas, pero tengo convicciones”.
Otra manifestación de este intervencionismo en el sistema de justicia, y quizás más descaradamente, es la extensión del ámbito de aplicación de las leyes estadounidenses al territorio peruano. Así sucede, por ejemplo, con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que resulta ser, como señalan Romano y Britto, “un marco legal e institucional que posibilita la extraterritorialidad de las regulaciones estadounidenses, afectando a individuos, empresas y economías enteras”.
Precisamente, este esquema legal permite a Estados Unidos aplicar sanciones económicas a Estados cuyos proyectos alternativos no satisfagan sus expectativas, violando cualquier noción de soberanía de los pueblos, o enjuiciar a líderes de izquierda por acusaciones de “corrupción” que a la larga son nunca probados pero que son efectivos para la política a corto plazo.
En este sentido, la reciente reunión entre la embajador estadounidense Kenna y el Ministerio Público peruano no es más que una evidencia más del nivel de intervencionismo del imperialismo estadounidense que sufre el Perú desde hace varios años. Los canales de comunicación oficiales muestran que la Embajada de los Estados Unidos, incluso antes de que Patricia Benavides asumiera el cargo, ha tenido una relación íntima con el Ministerio Público, lo que genera dudas sobre si los intereses del pueblo peruano están siendo priorizados en el trabajo de la fiscalía en Perú.