Perú, grupos extremos contra legislación del aborto. Aborto en Perú divide aguas, ya que 600 personalidades y organizaciones de la sociedad civil rechazan aprobación definitiva del Congreso.
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Más de 600 personalidades y organizaciones de la sociedad civil de Perú están en contra de la aprobación definitiva por parte del Congreso de legislación sobre el aborto. Grupos extremos pero influyentes en la vida pública. La presidenta Dina Boluarte ahora tendrá que decidir si promulga esta reforma.
“Una ley que amenaza el aborto terapéutico”, tituló el domingo 30 de abril Perú 21. El diario de centroderecha se hace eco de una petición firmada por más de 600 organizaciones y personalidades de la sociedad civil contra la reforma adoptada por el Congreso -por 70 votos a favor y 29 en contra.
La reforma afirma los derechos del embrión desde la concepción: “Derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, […] al libre desarrollo”, como retoma el diario de izquierda La República.
Algunas asociaciones esperan que esta ley no cambie nada legalmente: la legislación actual ya convierte al embrión en “sujeto de derecho” y diversas jurisprudencias del Tribunal Supremo autorizan de facto el aborto terapéutico, cuando la salud de la mujer corre peligro –la única razón– ya está autorizado en el país.
Cynthia Silva, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, citada por La República, explica que “en nuestro país se permite el aborto [para proteger] el derecho a la salud e integridad de la mujer embarazada, con la obligación de brindar los servicios [médicos] necesarios de forma gratuita”.
Conservadores
Sin embargo, la nueva ley, según informa Rossina Guerrero del Centro para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, “va a causar confusión” a las mujeres que deseen abortar: “Esto podría ser un primer retroceso a la interrupción del embarazo”.
Para Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú, citada por Perú 21: “Este proyecto es un retroceso, busca limitar el acceso al aborto terapéutico”. Particularmente en los casos de violación de niñas de 10 a 14 años, estima el sitio InfoBae, que recuerda que cada año se ven afectadas 1.300 víctimas. Antes de precisar: “Si la ley no reconoce la interrupción del embarazo en caso de violación, muchos niños pueden acceder a ella bajo el pretexto de que su vida corre peligro, lo cual no es falso”.
La iniciativa de la ley provino de María Jáuregui, pastora evangélica del partido de extrema derecha Renovación Popular. En un país sumamente dividido en el tema, logró unir «al lobby ultraconservador y religioso que persigue los derechos de las mujeres».
La ley aún no ha sido promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
