Perú, Fiscalía interroga a Boluarte por muertes en protestas. La Fiscalía de Perú investiga los hechos que provocaron decenas de muertos por protestas interrogando a la presidenta Dina Boluarte.
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dedicó poco más de una hora a responder preguntas de la Fiscalía General, a cargo de Patricia Benavides, por muertes de al menos 48 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en los últimos tres meses.
Boluarte llegó a la Fiscalía General y se fue 75 minutos después sin decir nada a los reporteros que esperaban afuera.
Fue citada para dar una declaración mientras Benavides evalúa presentar cargos de asesinato en masa contra ella y varios miembros anteriores y actuales de la administración que asumió el poder el 7 de diciembre con la destitución del presidente electo Pedro Castillo.
Junto con Boluarte, enfrentan una posible acusación el actual primer ministro, Alberto Otarola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, el exprimer ministro, Pedro Angulo, y los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
Las protestas estallaron tras la destitución de Castillo después de que intentara disolver el Congreso y comenzar los preparativos para una convención constitucional.
Los manifestantes exigen la renuncia del exvicepresidente Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las próximas elecciones generales de 2026 a este año y la celebración de una asamblea para redactar una nueva constitución.
Instituto Estudios Peruanos
Los resultados de la encuesta divulgada a fines del mes pasado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestran a Boluarte con un índice de desaprobación del 77 por ciento, mientras que el 90 por ciento de los encuestados desaprueba el Congreso.
Más de 70 personas han muerto en los disturbios, incluidos pacientes que murieron de camino a los hospitales debido a los bloqueos de carreteras montados por los manifestantes.
Un oficial de policía fue quemado vivo por los manifestantes, y el ejército dijo el lunes que seis soldados se ahogaron en el río Ilave en la región sur de Puno mientras huían de los manifestantes.
Puno ha visto una intensificación de la actividad de protesta desde que policías y soldados mataron a 18 manifestantes en Juliaca, la capital regional, en un solo día en enero.
Castillo
Después de que Boluarte se reuniera con el fiscal general, su predecesor depuesto y encarcelado participó virtualmente en una audiencia judicial el martes sobre la moción de los fiscales para mantenerlo en prisión preventiva durante 36 meses por cargos de corrupción.
El ex maestro de escuela de 51 años ya está bajo una orden de detención preventiva de 18 meses por sus acciones del 7 de diciembre, que según la Fiscalía General equivalen a un intento de golpe de Estado.
“Niego rotunda y categóricamente que yo sea el autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la república”, dijo Castillo al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley.
Los fiscales, dijo Castillo, “han construido un castillo de presuntos delitos” con la ayuda de “colaboradores comprados”.
El intento de Castillo de disolver el Congreso se produjo horas antes de que los legisladores de la oposición montaran otro intento de juicio político, lo que habría sido la tercera “acusación constitucional” de este tipo en su contra desde que asumió el cargo en julio de 2021.
“No he cometido ningún crimen, su señoría. El Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy los que han hecho acusación constitucional también habrían sido en todo caso parte de esta ostensible organización criminal, porque la mayoría pasó a los despachos presidenciales”, dijo refiriéndose al equipo de Boluarte.
