Perú, ese país que salta de la crisis política a la sanitaria. Perú se ha encontrado en los últimos meses en una gran crisis constitucional, cuando, a fines de septiembre de 2019, el presidente disolvió el Congreso, convocando elecciones.

Perú crisis política

El primer caso de COVID-19 se anunció en Perú el 6 de marzo de 2020. Una semana después, el presidente suspendió todos los vuelos hacia y desde Asia y Europa, desde el 16 de marzo y por un período 30 dias. Fue el primer decreto ministerial en una larga serie.

El domingo 15 de marzo, el estado de emergencia de salud se decretó por tres meses: el cierre de las fronteras nacionales e internacionales, la abolición de los vuelos, la cuarentena total y el fortalecimiento del sistema de salud a través de fondos estatales.

El 27 de marzo, el gobierno anunció una extensión de este estado de emergencia. El 10 de abril, el estado de emergencia se extendió nuevamente. El presidente insistió en que solo una persona por familia podía salir a comprar. Y aunque se ha eliminado la medida de días diferidos para hombres y mujeres, la población todavía no puede salir los domingos. El uso de una máscara es obligatorio en caso de desplazamiento.

El estado de emergencia se extendió en varias ocasiones y la próxima fecha límite es el 30 de junio. Mientras que el estado de emergencia de salud por 3 meses se extiende por 90 días, hasta el 7 de septiembre.

La crisis cotidiana

Las cifras de la pandemia están cambiando rápidamente: el 13 de mayo, hubo 72.059 casos de COVID-19 en Perú y 2.057 muertes; el 8 de junio, hubo 5.465 muertes y se detectaron más de 196.000 casos positivos. Y los números continúan aumentando.

Para los epidemiólogos nacionales, el pico todavía no parece haberse alcanzado. Todo esto sin poder contar a todos los enfermos y fallecidos en áreas donde el sistema de salud es defectuoso o inaccesible (como en la Amazonía).

Como en muchos países en desarrollo, una gran parte de la población vive en la economía informal, sin acceso a la protección social y, por lo tanto, no recibió ingresos de las primeras medidas de contención.

Es cierto que el gobierno ha lanzado varios tipos de bonos de confinamiento. Son accesibles para las personas necesitadas, pero llegan muy tarde. Muchas familias pobres no están registradas y las cantidades son insuficientes. En áreas rurales y aisladas, a veces es necesario viajar largas distancias para ir a un mostrador para retirar esta cantidad.

Los productores de la región de Lima también están sufriendo las medidas gubernamentales, como lo atestiguan los miembros de la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima.

El 5 de junio, la transición a la “fase 2” de recuperación económica autorizó la reactivación de las actividades mineras a cualquier escala, tanto en términos de exploración, explotación, almacenamiento, tratamiento y transporte, con el requisito de “un protocolo de salud”, pero sin tener que esperar a que este protocolo sea aprobado por el Ministerio de Salud.

Hay una necesidad urgente de reforzar la presión ciudadana para lograr medidas más eficaces.

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