Perú, el primer año de Castillo marcado por la incompetencia

Perú, el primer año de Castillo marcado por la incompetencia. La incompetencia como freno al progreso democrático del Perú: un año de la administración de Castillo.

Perú Castillo incompetencia

Por Marco Navarro Stanic (*)

Postulándose a la presidencia bajo una plataforma que buscaba generar cambios profundos y extremos en un sistema político dividido y desigual, el maestro rural Pedro Castillo se presentó como un héroe marginal que incluiría a los sectores marginados del país y lucharía contra las élites políticas existentes. Sin embargo, un año después de su presidencia, el presidente populista eclipsa sus promesas con acciones que ponen en riesgo el período democrático ininterrumpido más largo de la historia peruana.

A lo largo de la campaña electoral y los inicios de su gestión, varias alarmas sonaron advirtiendo a la población de la amenaza autoritaria que representaría para el país Castillo junto a su partido Perú Libre. Inmersos en la incertidumbre de cómo impactaría en el país una administración de Castillo, varios sectores de la población peruana temían que su país siguiera los pasos de la Venezuela de Chávez. Ya sea por su retórica autocrática que podría hacer retroceder el estado de democracia o por el temor a la expropiación de industrias privadas que condujeran a una catástrofe económica, la naturaleza de las propuestas de Castillo y Perú Libre, de haberse logrado, podría haber asegurado tal crisis.

Sin embargo, después de haber experimentado un año en la administración de Castillo y estar aislado del calor de la campaña electoral que una vez generó más temores que esperanzas, surge la pregunta: ¿cuánto ha decaído la democracia peruana durante esta administración? Aunque puede ser atractivo creer que las indicaciones que han dado Castillo y Perú Libre son suficientes para suponer un profundo retroceso, el sistema político estancado y la innegable incompetencia de Castillo han actuado como frenos a sus propuestas más extremas.

Retórica populista

Desde la campaña electoral de 2021, Castillo se ha involucrado en una retórica populista que socava la legitimidad de las instituciones democráticas actuales en el país. Aunque el movimiento básico de la campaña de Castillo por una nueva constitución no ha sido respaldado por ninguna razón sólida o necesidad que no sean sus orígenes bajo el régimen de Fujimori, ha culpado a la carta magna actual como la causa de la falta de acceso generalizado a servicios esenciales como la educación. y asistencia sanitaria.

Y si bien abordar esos problemas es crucial para reducir la desigualdad en el país, la solución está lejos de ser un asunto constitucional, y señalar con el dedo a la carta magna no hace más que deslegitimarla. Los autócratas han utilizado el mismo libro de jugadas que un plan de engrandecimiento ejecutivo como Hugo Chávez. Lo hizo en Venezuela, donde el régimen bolivariano utilizó reformas constitucionales para prolongar sus mandatos y consolidar su posición en el poder.

En un mitin de campaña, Castillo afirmó que el Tribunal Constitucional, una institución de control esencial autónoma de los tres poderes del Estado que actúa como equivalente a la Corte Suprema de los EE. UU., le había dado la espalda al pueblo y que su gobierno lo desactivaría para elegir jueces. por voto popular.

De manera similar, Castillo ha atacado repetidamente a los medios de comunicación por actuar como actores políticos, mientras que su primer ministro ha calificado públicamente de corrupto a uno de los principales grupos de medios de comunicación. En un evento público reciente, sus esfuerzos de deslegitimación se exhibieron por completo cuando preguntó a los asistentes si confiaban en la prensa y los encuestadores, en un intento aparentemente de difundir el escepticismo sobre su integridad.

Desigualdad

En un país donde la desigualdad dicta el acceso y la calidad de los servicios esenciales como la salud y la educación, los funcionarios estatales deben implementar de manera transparente medidas eficientes para mejorar las condiciones. Reunir a una población escéptica donde solo el 21 por ciento está satisfecho con la democracia para apoyar políticas que erosionan las instituciones públicas que actúan como controles sobre el ejecutivo como la panacea para los problemas de Perú podría tener consecuencias nefastas.

Podría promover el rechazo generalizado del sistema o dejar la puerta abierta para un autócrata competente en unas próximas elecciones. En lugar de mostrar un compromiso genuino para abordar los problemas que tiene el país, Castillo ha aprovechado las actuales divisiones sociales en un país altamente polarizado como capital político para apoyar su movimiento.

La transparencia también ha sido uno de los elementos más ausentes a lo largo de su gestión. A diferencia de la mayoría de los populistas que tratan de aprovechar cada oportunidad en los medios para difundir su mensaje, Castillo se caracteriza por su secretismo y por evitar las entrevistas.

Desde el inicio de su administración en julio de 2021, no concedió una sola entrevista a medios estatales o independientes hasta finales de enero, cuando concedió una serie de entrevistas tanto para medios locales como internacionales.

En una entrevistacon CNN Español, cuando se le preguntó sobre las crisis de corrupción de su administración y los índices de desaprobación desenfrenados que enfrentó, Castillo respondió con respuestas vacías apelando a la voluntad de la gente como escudo contra sus acusaciones mientras socava abiertamente la integridad de los medios y encuestadores. Desde entonces, solo ha dado una entrevista en vivo al canal de televisión estatal, esquivando, una vez más, las denuncias de corrupción contra su gestión.

Palacio de Gobierno

Durante sus primeros meses en el poder, visitaba con frecuencia una casa particular en Lima a altas horas de la noche para reunirse con empresarios y cabilderos en lugar de Palacio de Gobierno, donde es obligatorio presentar un registro público de visitantes. Posteriormente se hizo público que empresas presuntamente vinculadas a los presentes en dichas reuniones e incluso a los moradores de la casa , fueron favorecidas en procesos de contratación con el gobierno por un valor de S/ 232,5 millones (US$ 59,6 millones).

Actualmente, Castillo está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer presidente en la historia peruana en ser investigado mientras estuvo en el cargo.

En respuesta a la cobertura que varios medios de comunicación están teniendo sobre su investigación, Castillo ha presentado un proyecto de ley al Congreso que sancionaría la difusión de información reservada en un proceso penal con hasta tres años de prisión. De manera similar, Perú Libre presentó el año pasado proyectos de ley que le darían al gobierno autoridad para controlar el contenido que los medios de comunicación pueden difundir en situaciones de emergencia declarada. Leyes de esta naturaleza enturbiarían varios escándalos de la actual administración y permitirían que un ejecutivo engrandecedor actuara sin frenos por parte de la población.

El alto secreto sobre asuntos cruciales para el conocimiento público y las denuncias de corrupción que caracterizan a su administración, junto con los intentos que él y Perú Libre han presentado para restringir deliberadamente las libertades de prensa y medios, representan una inmensa amenaza para la democracia peruana. Actúan como una flagrante erosión de la rendición de cuentas que el ejecutivo está obligado a servir a sus ciudadanos. En lugar de mantener su promesa de campaña de reemplazar la política anticuada, Castillo está demostrando que no es diferente a sus predecesores.

Popularidad

En un año, Castillo ha logrado hundir la popularidad que una vez tuvo mientras organizaba mítines masivos durante la campaña electoral. Si bien el apoyo de la población ha sido fundamental para que otros autócratas de la región, como Hugo Chávez o Rafael Correa, consoliden su control del poder a través de sus políticas de engrandecimiento ejecutivo, el presidente Castillo se queda corto en este aspecto.

Su tasa de desaprobaciónha aumentado significativamente del 45 por ciento mensual en su mandato al 74 por ciento en julio de este año. Incluso la región sur del país, bastión de su campaña electoral y apoyo político, donde obtuvo un promedio del 75 por ciento de los votos en todos los departamentos, parece insatisfecha, con un 56 por ciento actualmente en desaprobación. Debido a su impopularidad, es muy poco probable que alguna de sus propuestas autorizadas reciba luz verde.

Del mismo modo, los controles y la oposición del Congreso limitan significativamente la medida en que se pueden aprobar las propuestas de Castillo. Aunque Castillo comenzó su mandato con 37 legisladores de Perú Libre y un número volátil de aliados de otros partidos, el partido enfrentó un cisma interno que condujo a la fragmentación de sus miembros en diferentes grupos legislativos independientes.

La crisis al interior del partido se extendió a tal punto que las renuncias no llegaron sólo de los legisladores sino también del ejecutivo. Luego de ser invitado públicamente a renunciar por la dirección del partido y sus congresistas, el presidente Castillo renunció a la organización política, dejándolo sin respaldo oficial en el congreso.

Juicio político

El Congreso también puede presentar mociones de juicio político como un control que, si se aprueba, conduce a un proceso de votación que puede destituir al presidente si la moción obtiene 87 votos. Las razones incluyen la muerte del presidente, la aceptación de la renuncia y la “incapacidad moral o física permanente” declarada por el Congreso, un dispositivo legal maleable con diferentes interpretaciones que ha sido utilizado a menudo por miembros de la oposición en los últimos cinco años para tratar de destituir a los jefes de estado.

Desde 2016, en los cinco gobiernos que tuvo el Perú, se presentaron siete mociones de este tipo, se aprobaron cinco para ser debatidas y dos derivaron en la renuncia o destituciónde un presidente En lo que va de su mandato, Castillo ha sobrevivido a dos intentos de juicio político. Sin aliados en el Congreso, es poco probable que la legislatura apruebe cualquier propuesta extrema encabezada por Castillo que ponga en peligro la solidez de las instituciones democráticas, y es probable que cualquier movimiento autoritario flagrante reciba una reacción violenta en forma de una moción de juicio político.

Pero, por encima de todo, la administración de Castillo personifica a un gobierno incompetente que es incapaz de alcanzar consensos dentro de su propio organismo, dada su falta de sintonía y cohesión. Mientras que su entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres (ahora primer ministro), garantizó que el presidente no apoyaría la propuesta de la Asamblea Constituyente en agosto del año pasado, el presidente presentó más tarde un proyecto de ley al Congreso impulsando la moción en abril.

En solo un año, Castillo ha nombrado cuatro gabinetes que han cambiado constantemente debido a renuncias y mociones de juicio político encabezadas por el parlamento. Tal es la gravedad de la crisis ejecutiva que, en promedio, un ministro es sustituido cada nueve días. Habiendo nombrado 59 ministros para los 19 cargos existentes, Castillo tiene el número más alto registrado de gabinetes que ha tenido un presidente en su primer año desde el regreso de la democracia en Perú en 2000. Más que actuar como un ejecutivo en expansión tratando de apoderarse estratégicamente de las diferentes instituciones de el estado con su gobierno, Castillo ha demostrado esfuerzos desesperados para buscar aliados como un salvavidas para retrasar su declive sostenido.

Sin embargo, esta no debe ser la razón, de ninguna manera, para creer que se acerca el fin de la futura injerencia autoritaria en el Perú. Si bien el país ha rechazado a Castillo, persisten la desigualdad, la insatisfacción política, la polarización social y la estructura partidaria rota que lo catapultó al cargo más alto de la nación. De estos aportes, el sistema de partidos roto que es negligente para proteger a los posibles autoritarios sigue siendo la forma más accesible de proteger la democracia peruana en futuras elecciones.

Por lo tanto, es esencial solidificar estas instituciones partidistas que permiten el autoritarismo. De lo contrario, sin esfuerzos claros y profundos para enfrentar los problemas estructurales persistentes en el sistema político, no hay garantía de que la incompetencia siga siendo un freno a la decadencia democrática.

Marco Navarro Stanic es pasante en Global Americans y está cursando una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Vanderbilt.

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