Perú, el país entra en caos con llamado a «huelga ilimitada»

Perú, el país entra en caos con llamado a «huelga ilimitada». Protestas en apoyo a Pedro Castillo continúan en Perú sumando caos en las calles a la crisis política derivada de la salida del golpista del gobierno con huelga ilimitada.

Perú caos huelga ilimitada

Se extiende el movimiento de apoyo al depuesto presidente de Perú, el golpista Pedro Castillo, con llamados a una «huelga ilimitada» de organizaciones campesinas y sindicatos.

Además de la «libertad inmediata» del expresidente de izquierda, el colectivo Frente Agrario y Rural de Perú (que agrupa a una decena de organizaciones) pide la disolución del Parlamento, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.

El abogado del expresidente denuncia el voto de los parlamentarios: «¡votaron una moción de ‘vacante de cargo’ que es ilegal! ¡Esta resolución de vacante no existe!», insiste Ronald Atencio, frente a la decena de simpatizantes de Pedro Castillo congregados frente al penal donde se encuentra recluido.

La actual presidenta Dina Boluarte ha anunciado que quiere adelantar elecciones en abril, sin conseguir calmar la ira. En cuestión de días, siete personas murieron en la represión, incluidos tres adolescentes. El gobierno declaró el lunes estado de emergencia por 60 días en siete provincias de la región sur del país.

En la noche del lunes al martes, las autoridades cerraron el aeropuerto internacional de Cuzco (Sureste) a causa de los manifestantes que intentaron ingresar al mismo. En esta región muy turística, el tren entre Cuzco y la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentra suspendido.

Apoyos regionales

Varios países latinoamericanos le han asegurado a Pedro Castillo su apoyo: los gobiernos de izquierda de México, Argentina, Colombia y Bolivia lo consideran víctima de un movimiento «antidemocrático».

En un comunicado conjunto, los cuatro gobiernos expresaron “profunda preocupación” por la destitución y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y pidieron que se respeten sus derechos humanos y se le otorgue garantías de protección judicial.

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