Perú, economía minera para optimizar

Perú, economía minera para optimizar. Con diálogo significativo e inclusivo economía minera de Perú puede ayudar a asegurar el papel del país en cadenas de suministro globales.

Con diálogo significativo e inclusivo economía minera de Perú puede ayudar a asegurar el papel del país en cadenas de suministro globales.

Perú economía minera

Con sus ricas reservas de cobre la economía minera de Perú está preparado para desempeñar un papel clave en las cadenas de suministro globales para proyectos que reduzcan las emisiones de carbono y permitan la transición a una economía verde.

Pero la naturaleza polarizada de la política peruana es un obstáculo importante para la realización de este potencial. La inestabilidad política y la constante rotación de ministros y funcionarios públicos en los ministerios pertinentes durante los últimos años han afectado la capacidad del Estado peruano para promover una visión nacional inclusiva para su industria minera.

Al mismo tiempo, la fragmentación entre los partidos políticos ha obstaculizado la capacidad del sistema político para representar intereses políticos consistentes y coherentes.

En vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para 2026, ahora es el momento de iniciar un diálogo amplio con diferentes capas de la sociedad, incluidos el gobierno, los ciudadanos y el sector privado, sobre la visión y la agenda futuras para el Perú como economía minera.

Para que esto suceda, este artículo de investigación sostiene que la convocatoria de una serie de diálogos multisectoriales de base amplia es esencial para desarrollar puntos de consenso inclusivos sobre la minería, el desarrollo y para asegurar el lugar del Perú en las cadenas de suministro globales.

Minería peruana

El Perú es una economía minera y el segundo mayor exportador de cobre del mundo. Los metales y minerales representan el 64 por ciento de las exportaciones del Perú. La exportación de metales y minerales, encabezada por el cobre, representa directamente el 9,5 por ciento del PIB del país1, aunque la actividad económica asociada con los servicios mineros y generada por ellos contribuye mucho más.

Con sus ricas reservas de cobre (una materia prima esencial en la fabricación de automóviles eléctricos y en la conversión y transmisión de energía verde), Perú está en condiciones de desempeñar un papel clave en las cadenas de suministro globales para proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono y permitir la transición a una economía verde.

Pero la naturaleza fragmentada y polarizada de la política peruana presenta un desafío significativo. La inestabilidad política y la constante rotación de ministros y funcionarios públicos en los ministerios pertinentes en los últimos años han afectado la capacidad del Estado peruano para promover una visión nacional inclusiva y orgánica, y para planificar su importantísima industria extractiva.

Al mismo tiempo, la fragmentación de los partidos políticos ha obstaculizado la capacidad del sistema político para representar intereses de política nacional coherentes y consistentes (incluidos, especialmente, los de las comunidades donde se realiza la minería) en el debate sobre políticas públicas.

El crecimiento y la persistencia tanto de la minería ilegal como de la minería informal y artesanal son otro desafío. Si bien las dos prácticas son muy diferentes, la frontera entre ellas a menudo es borrosa.

Gobierno minería

La capacidad del Estado peruano sigue siendo central para superar estos desafíos. Sin embargo, las dificultades que enfrenta para lograr una economía minera más equitativa y sostenible que brinde amplios beneficios a la sociedad son múltiples. El legado histórico de explotación, tanto ambiental como humana, persiste. Sin embargo, el aprovechamiento efectivo de la demanda mundial de metales y minerales del Perú es esencial para ampliar la asistencia social y el desarrollo socioeconómico.

La responsabilidad de abordar esos déficits recae en múltiples sectores, incluidos: los gobiernos nacionales, regionales y locales del Perú; los inversionistas; la academia; la sociedad civil; la comunidad diplomática y multilateral internacional; y las comunidades afectadas por la minería. Será difícil asegurar la confianza y el apoyo de todas las partes interesadas para tales esfuerzos.

Debido a la reciente inestabilidad en el gobierno nacional, y debido a que las elecciones presidenciales y parlamentarias están programadas para 2026, ahora es el momento de iniciar un diálogo amplio con diferentes capas de la sociedad, incluido el gobierno, los ciudadanos y el sector privado, sobre la visión y la agenda futuras para el Perú como economía minera.

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