Perú, domina una tensa calma en el país. Manifestantes en Perú están en tensa calma, mientras exigen renuncia de todo el Congreso y de la presidenta Dina Boluarte, para instalar Asamblea Constituyente.
Perú tensa calma
Nada parece poder frenar la polarización en el Perú. Ni siquiera el estado de emergencia extendido el sábado a la capital, Lima, disuadió a los manifestantes. Exigen la renuncia en bloque del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte, así como la instalación de una Asamblea Constituyente.
Dina Boluarte está llamada a escuchar la calle y por tanto a dimitir, así como el Primer Ministro, Alberto Otárola, y José Williams, presidente del Congreso.
Si Boluarte se mantiene firme en el poder, algunos de sus ministros han sido consecuencia de la crisis política. Entre el jueves y el viernes, nada menos que tres miembros de su gabinete tiraron la toalla, a saber, los jefes de Trabajo, Eduardo García, de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz, y de Gobernación, Víctor Rojas Herrera.
Este último, un policía retirado especializado en contrasubversión, sólo duró dos semanas en su cargo. Su renuncia se produjo el mismo día en que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció, al término de su misión de investigación, “el uso desproporcionado de la fuerza pública”.
Frente a la prensa, la CIDH también exigió esclarecer la violencia policial. Presentará su informe final antes de mediados de febrero.
Derechos Humanos
Pero el poder parece elegir otro camino. La fiscal, Patricia Benavides, anunció que había suprimido cinco de las doce fiscalías especializadas en «delitos contra los derechos humanos, interculturalidad y terrorismo». La decisión equivale a «desmontar todo el sistema que investigaba graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado» y «reduce la capacidad de investigar las 45 muertes por arma de fuego» ocurridas desde entonces.
Al mismo tiempo, las autoridades han recrudecido la represión contra los líderes de la protesta. Rocío Leandro y otros tres miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) son las últimas víctimas. Detenidos el jueves en el sur rebelde y trasladados durante la noche a Lima, los activistas están acusados de “financiar” la lucha en nombre de la guerrilla Sendero Luminoso y se les mantiene incomunicados.
Encuestas
Una encuesta también vino a apoyar esta tesis. Si ella desaprueba la violencia, una clara mayoría de peruanos sí se adherirá a las demandas de la calle, si le hemos de creer al Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El 69% de los encuestados dice estar a favor de la instalación de una Asamblea Constituyente y el 60% (72% entre los jóvenes) legitima las manifestaciones.
Por el contrario, sólo el 26% de los encuestados apoya la actuación de la policía, el 29% la gestión de Dina Boluarte y el 9% tiene una opinión favorable del Congreso.
