Perú, decretos de emergencia cuestionados por Human Rights Watch. Decretos emitidos por el presidente del Perú, Pedro Castillo, suspendiendo derechos básicos son medidas desproporcionados, señaló Human Rights Watch.
Perú Human Rights Watch
El 7 de abril de 2022, el presidente Castillo emitió un decreto de estado de emergencia por 30 días que se aplica a la red vial nacional, más de 27.000 kilómetros de vías principales.
El decreto, que establece en su preámbulo que responde a “problemas” creados por una huelga de trabajadores del transporte, permite al gobierno desplegar las Fuerzas Armadas en esas vías, suspende los derechos constitucionales a la libertad de circulación y reunión pacífica y permite detenciones arbitrarias en la red vial
El 28 de marzo , los trabajadores del transporte iniciaron un paro nacional contra el aumento de los precios de la gasolina y la inflación, bloqueando carreteras en todo el país.
Este decreto sigue a otros tres, emitidos el 2 de febrero , el 17 de marzo y el 4 de abril , que habían suspendido varios derechos básicos en la capital, Lima, y la vecina provincia de Callao.
“Suprimir los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente Castillo debe revocar los decretos de emergencia”.
El 2 de febrero, el presidente Castillo decretó el estado de emergencia en el Área Metropolitana de Lima y Callao “para reducir la delincuencia de la delincuencia común y del crimen organizado, y fortalecer la prevención, investigación e inteligencia policial”, sin aportar datos que demuestren un aumento de la actividad delictiva.
El estado de emergencia, decretado por un período inicial de 45 días y prorrogado por otros 45 días a partir del 20 de marzo, permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el mantenimiento del “orden interior”.
