Perú debate cómo frenar la alta tasa de mortalidad por COVID-19. A medida que se detiene la expansión económica impulsada por el auge de las materias primas, surgen serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico peruano y la suficiencia de su inversión en derechos y servicios.

Perú tasa mortalidad

“Es una gran paradoja, ¿no?”, pregunta Hugo Ñopo, investigador del grupo de expertos peruanos para el Análisis del Desarrollo (GRADE). Desde el inicio de la pandemia, Perú se ha presentado como un ejemplo para la región: rápidamente implementó drásticas medidas de prevención, siguió recomendaciones científicas y elaboró ​​un plan de apoyo económico para los segmentos más vulnerables de la población.

Sin embargo, el país se ha convertido en un punto de acceso para los casos de Covid-19, que ha llevado a situaciones desesperadas en muchas ciudades y regiones.

Perú ha confirmado 28.000 muertes y más de 600.000 infecciones por Covid-19 a fines de agosto. El país tiene el mayor número de muertes registradas por millón de habitantes en todo el mundo.

Según otros datos, las cifras oficiales podrían incluso subestimar el verdadero alcance de la pandemia. “Perú tuvo un comienzo temprano, pero entrar primero en el juego no es garantía de éxito”, afirma Ñopo. “Tienes que correr la carrera, y esto es un maratón”.

La metáfora de una maratón es un buen punto de partida para entender por qué el Perú ha tenido tanta dificultad para abordar la actual crisis de salud pública. Detrás de una fachada de éxito económico, el país todavía está plagado de niveles extremadamente altos de desigualdad.

Durante décadas, Perú ha sido uno de los países latinoamericanos con menor inversión en políticas sociales. Esto ha dado lugar a profundas disparidades en la realización de los derechos sociales, incluidos los de salud y educación. Hoy en día, el disfrute de estos derechos se caracteriza por privaciones estructurales para muchos en medio de enormes privilegios para una pequeña élite.

En particular, Perú ha enfrentado una fractura social crítica en relación con sus numerosos pueblos indígenas, cuyo disfrute de derechos y servicios sociales sigue siendo abismalmente bajo.

En 2019, las tasas de pobreza entre la población con una primera lengua indígena casi duplicaron la tasa de pobreza de quienes hablan español como primera lengua. En las zonas rurales, las tasas de pobreza de los hablantes de lenguas indígenas son aún más altas.

Las medidas tomadas por el presidente Martín Vizcarra en respuesta a la pandemia no son suficientes para remediar estas desigualdades estructurales , que existen desde hace décadas. Más que un sprint corto, se necesitan reformas a largo plazo.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí