Perú, criminales contra trabajadores de a pie. Trabajadores de Perú son blanco de ola de extorsiones ejecutadas por diversas facciones criminales que afectan a pequeñas empresas y sectores esenciales como el transporte público y privado.
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La ola de criminales acechando a los trabajadores en Perú impacta principalmente a pequeñas empresas y sectores esenciales del país, como el transporte público y privado.
Según las informaciones, los delincuentes exigen el pago de “cuotas”, que alcanzan los 200 dólares semanales para que los trabajadores y empresarios no sean blanco de ataques. La ola de extorsiones generó una crisis de inseguridad que culminó en protestas y paros en varios distritos del país en los últimos días.
Este jueves el caos se apoderó de Lima y otras regiones de Perú cuando conductores y trabajadores de varias empresas de transporte público y privado decidieron detenerse para protestar por el fin de las extorsiones y por mayor seguridad.
El hecho ocurrió luego del asesinato de tres conductores a manos de delincuentes que cobran tarifas para evitar realizar atentados.
Ante este escenario, el gobierno peruano se vio obligado a actuar. Este viernes (27), luego de una jornada de huelga, las autoridades federales declararon el estado de emergencia por 60 días en 11 distritos de Lima y uno en la provincia del Callao.
Perú seguridad
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de la seguridad en estas regiones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, el gobierno prevé endurecer las penas por los delitos de extorsión, asesinato por encargo y posesión de armas de guerra, tipificando estos delitos como “terrorismo urbano”.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) acusó al gobierno peruano de permitir que el crimen organizado cree un “gobierno paralelo” en el país, que está “ganándole la batalla al Estado”. En un comunicado, la organización pidió al Congreso aprobar rápidamente un proyecto de ley que tipifica la extorsión como terrorismo urbano, con el fin de combatir de manera más efectiva a los grupos criminales que aterrorizan al país.
La extorsión llevada a cabo por grupos delictivos se dirige principalmente a los trabajadores más vulnerables, especialmente a los propietarios de pequeñas empresas, a los conductores y comerciantes del transporte público y privado.
Según Noam López, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), “las pequeñas empresas, como comerciantes, vendedores ambulantes y mototaxistas, están en el punto de mira de los grupos criminales porque, a diferencia de los grandes empresarios, estos los empresarios tienen menos acceso a mecanismos de defensa, como la seguridad privada”.
López también destaca que extorsionar a los pequeños empresarios ha sido una fuente de ingresos constante, aunque de bajo valor, para los delincuentes.
Extorsiones
Las cifras de extorsiones en Perú son alarmantes. Datos de la PUC peruana revelan que, desde inicios de 2024, 15 empresas de transporte público han sido amenazadas por grupos criminales con el pago de tarifas cuyos valores no han sido revelados. La negativa de algunos de ellos a pagar ya ha provocado el asesinato de nueve conductores, tres de ellos sólo en septiembre.
La situación es crítica en los distritos de Lima y Callao, donde sólo en septiembre de este año se registraron 15 ataques contra autobuses y vehículos públicos, todos ellos perpetrados por delincuentes que practicaban la extorsión.
La creciente violencia fue el factor principal en el cierre de tres de estas empresas de transporte este jueves, empeorando la situación de millones de ciudadanos que dependen del transporte urbano para sus actividades diarias. Como resultado, no sólo la seguridad está comprometida, sino también la economía del país, que sufre por la falta de un servicio esencial y la presión sobre los trabajadores y empresarios para que paguen a los delincuentes.
Además del transporte público y privado, el sector de la construcción civil también se ha visto muy afectado. En 2024, cinco dirigentes sindicales fueron asesinados por no pagar honorarios a delincuentes, elevando el total a 25 muertes desde 2011. La paralización de obras por violencia y extorsión dejó a 5 mil trabajadores sin empleo sólo en 2023, según datos de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil en el Perú.
Otro sector muy afectado es el de las pequeñas empresas, especialmente los propietarios de pequeñas tiendas de alimentación. Según la Asociación de Pequeños Empresarios del Perú, en 2024 se registraron 9.000 denuncias de extorsión y en 2023 se cerraron 2.600 pequeñas tiendas de alimentación. Se estima que, a finales de 2024, otras 5.000 también se verán obligadas a cerrar debido a a la inseguridad y al miedo a los ataques.
La geografía de la extorsión también es amplia. Los datos muestran que el 34% de los casos se presentan en la región oriente de la provincia de Lima, abarcando distritos como Ate y San Juan de Lurigancho.
