Perú, Congreso decide suerte de Junta Nacional de Justicia. Sistema electoral del Perú en riesgo por la inminente destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso.
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Ante la insistencia del Congreso de Perú de destituir a todos o algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de una sesión plenaria prevista para hoy jueves 7 de marzo de 2024, organismos internacionales de derechos humanos alertan a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias de esta iniciativa para la integridad del sistema electoral peruano, y para la independencia del sistema de justicia.
La JNJ es un organismo central para la protección de la independencia del sistema electoral en el Perú. Nombra, evalúa y ratifica a los titulares de dos de las tres entidades que lo componen: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar el proceso electoral, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional. de Identificación y Estado Civil (RENIEC), encargada de emitir el padrón electoral.
Actualmente, la JNJ tramita el procedimiento para la ratificación de estas autoridades, el cual se vería interrumpido si sus integrantes son removidos.
La JNJ es también la agencia que garantiza la independencia del sistema de justicia. Nombra, evalúa, ratifica y destituye a jueces y fiscales de todos los niveles, incluidos los miembros de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos.
Destituciones
Por eso también tiene competencia sobre los jueces y fiscales que integran el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, la tercera pieza del sistema electoral peruano. La destitución de los miembros de la JNJ afectaría la independencia de jueces y fiscales que manejan casos de corrupción que involucran a miembros de las élites políticas peruanas, incluidos miembros del actual Congreso.
Nuestras organizaciones hemos venido siguiendo los continuos ataques de gran parte del Congreso peruano dirigidos a la JNJ, incluyendo acusaciones constitucionales y mociones de destitución de sus miembros mediante procedimientos sumarios no regulados por la ley, así como iniciativas legislativas para reducir el número de votos necesarios para remover a sus afiliados o modificar su edad de jubilación.
Estos reiterados ataques han sido rechazados en más de una ocasión por todos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que monitorean la situación en el Perú.
Advertimos una vez más sobre los riesgos de estos ataques, que revelan la profundidad del deterioro democrático en el país. Instamos al Congreso peruano a detener estos ataques y a las demás autoridades públicas a expresar su rechazo a estas acciones, que dañan gravemente la democracia peruana, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
