Perú, Congreso acompaña a fiscalía en delitos de corrupción de Castillo. El Congreso de Perú votó a favor de aceptar los cargos de corrupción presentados por la fiscalía general contra el presidente Pedro Castillo.
Perú Congreso fiscalía Castillo
El presidente de Perú, Pedro Castillo, está acusado de liderar una organización criminal luego que se encontraron pruebas de tráfico de influencias y actos de colusión. La investigación está a cargo de la fiscalía general y ahora el Congreso aceptó los delitos por los que se acusa al primer mandatario.
“Es la primera vez” que un fiscal de alto rango presenta ante el Congreso la llamada “demanda constitucional contra un presidente de la República en ejercicio”, dijo la diputada peruana Lady Camones.
“Todo ciudadano tiene derecho a la verdad, y el deber de hacer todo lo posible por conocerla, como elemento fundamental de nuestra democracia y pilar fundamental de la función pública”, agregó.
Según los fiscales, Castillo encabezó una red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con el exministro Juan Silva Villegas así como con otros funcionarios y empresarios para favorecer las ofertas del consorcio Puente Tarata y otras empresas en la adjudicación de obras públicas.
Juan Silva, quien actualmente está bajo el radar, supuestamente habría arreglado pagos de sobornos del 0,5% del proyecto total otorgado a Puente Tarata. Los sobrinos de Castillo se habrían llevado unos 25.000 dólares cada uno, mientras que el resto del dinero se repartiría entre el entonces Ministro de Transporte y el Presidente.
Asesores y familiares
Como parte de la investigación, las autoridades peruanas arrestaron a cinco exasesores de Castillo y allanaron la casa de su madre y su hermana.
Además de Juan Silva, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, también fue acusado de involucramiento en la supuesta organización criminal de Castillo.
Castillo dijo el mes pasado que es víctima de persecución política y calificó la acusación del fiscal como un “nuevo tipo de golpe de Estado”. Más tarde, en una declaración dramática, sugirió que estaba dispuesto a morir por sus compatriotas. “Aquí estoy y si mi sangre tiene que correr por las calles en beneficio del pueblo, que así sea. Si tengo que dar mi vida, lo haré”.
Ahora bien, “le corresponde a este Parlamento, legítimo representante de todos los peruanos, parte esencial de nuestra democracia, garantizar la acusación y la búsqueda de la verdad, que se realiza en el marco del respeto al debido proceso garantizado por la Constitución”, dijo Camones.
