Perú, comunidad de La Oroya denuncia daños por minería. Pobladores de la comunidad La Oroya de Perú acusan al gobierno de ignorar los daños causados por la minería.
Perú La Oroya minería
Habitantes de la comunidad La Oroya en Perú contaron a Corte Interamericana cómo su salud se ha resentido durante décadas debido al daño ambiental causado por una empresa minera que extrae metales pesados en medio de ellos.
La comunidad de La Oroya acusa al gobierno de haber permitido que la empresa Doe Run Perú, propiedad del grupo estadounidense Renco, contaminar a voluntad mientras hacía la vista gorda ante su destino.
“El Estado fue como un padre que nos ignoró”, dijo Rosa Amaro, una aldeana de 74 años, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer día de una audiencia contra el gobierno peruano.
Ella fue una de varios residentes que relató los efectos de décadas de exposición a metales pesados como el plomo, el cadmio y el arsénico.
Los organismos de control dicen que La Oroya, un pueblo de 30.000 habitantes a unos 185 kilómetros (115 millas) al este de Lima, es una de las ciudades más contaminadas del mundo debido a las fundiciones que refinan plomo, zinc, oro y cobre en el área.
Amaro le dijo a la corte, sentada esta semana en la capital uruguaya, Montevideo, que fue testigo de cómo las colinas que rodean su ciudad se desnudaban con el tiempo porque “las plantas no crecían”.
Entre lágrimas, testificó sobre los residentes que luchaban contra el ardor en la garganta y los ojos, dolores de cabeza y dificultad para respirar.
Otros hablaron de tumores, problemas musculares e infertilidad atribuidos a la contaminación de las fundiciones.
Doe Run
Amaro, quien encabezó un grupo de cabildeo local en La Oroya, dijo que en 2017 se vio obligada a abandonar el pueblo donde había vivido toda su vida debido a las amenazas de los familiares de los mineros preocupados por sus trabajos si Doe Run rendía cuentas.
Los demandantes afirman que el estado tampoco investigó las amenazas y el acoso contra ellos.
Los habitantes de La Oroya demandaron al gobierno peruano y obtuvieron una sentencia parcialmente favorable en 2006 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas de protección.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga presuntas violaciones de los derechos humanos, dijo que esas medidas nunca se implementaron.
Derechos Humanos
La comisión encontró que el Estado no había regulado ni supervisado el comportamiento de la empresa minera y “comprometió su obligación de garantizar los derechos humanos”.
Remitió el asunto al tribunal que ahora se encuentra en Montevideo para determinar las reparaciones.
“Mi salud ya está destruida. Lo único que quiero es que las generaciones futuras gocen de buena salud”, dijo la demandante Yolanda Zurita, de 63 años, al tribunal el miércoles sobre sus expectativas del proceso.
Doe Run Perú, que opera en La Oroya desde 1997, se declaró en quiebra en 2009.
En virtud de un contrato de crédito, la empresa fue entregada a sus empleados mineros que quieren reabrir la fundición abandonada.
