Perú, Boluarte apela al ajuste y la represión
Perú, Boluarte apela al ajuste y la represión. Con récord de impopularidad la presidenta de Perú Dina Boluarte recurre al ajuste de la mano de mayor represión.
Perú Boluarte ajuste
Ante una impopularidad récord y múltiples desastres, la presidenta del Perú Dina Boluarte apela a un ajuste con mayor represión.
Ante el deterioro de las condiciones sociales y económicas, junto con una serie de desastres ambientales y de infraestructura, el gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte ha virado cada vez más a la derecha.
El martes, ante el Congreso peruano, el ministro de Economía, José Salardi, propuso un «shock desregulatorio» para consolidar la confianza empresarial. Esta nueva política, que incluye la revisión de la legislación laboral favorable a la inversión privada y recortes de impuestos corporativos, se combinará con medidas de austeridad que degradarán aún más el nivel de vida de la población.
Tomando como modelos el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk en Estados Unidos, así como la «motosierra» de Javier Milei contra el empleo y el gasto social en Argentina, la burguesía peruana prepara una ofensiva masiva contra la clase trabajadora.
El «shock» propuesto por Salardi solo puede imponerse mediante un mayor desarrollo del régimen dictatorial contra la clase trabajadora.
El giro hacia la intensificación de la represión ha llevado al régimen de Boluarte a imponer el estado de emergencia en tres provincias de la región de La Libertad: Virú, Trujillo y Pataz. Esta medida dictatorial, prorrogada por 60 días más el 10 de marzo, permite el despliegue de las fuerzas armadas junto a la policía en nombre del mantenimiento del «orden público» ante el aumento de la delincuencia.
Gobierno peruano
La trayectoria derechista del gobierno peruano se detalló a finales de enero, cuando Boluarte participó en el Foro Económico Mundial de Davos.
Allí ofreció a las grandes corporaciones mineras y al capital financiero global la explotación sin trabas de los recursos naturales del país, a la vez que señalaba la sumisión sin reservas de su régimen corrupto y represivo a la nueva administración liderada por Donald Trump en Washington.
Boluarte es la presidenta más impopular del mundo, y no pasa un día sin corrupción o escándalos políticos con sus profundas repercusiones en la sociedad.
A pesar de las afirmaciones oficiales de una recuperación económica, han aparecido proyecciones en diversos medios de comunicación que indican que el gobierno sobreestima el crecimiento económico. Los salarios reales no han aumentado en el sector privado y solo mínimamente en el sector público, sin haber recuperado su nivel prepandemia. Tampoco ha mejorado la situación para los tres millones de personas sumidas en la pobreza durante este período.
En 2024, la inversión privada creció solo un 2 %. El gasto público actual es menor que en 2022 y no se ha registrado un impulso a la inversión pública.
Perú políticas
El deterioro de las condiciones que enfrentan los trabajadores peruanos se ha visto agravado por una serie de catástrofes derivadas del desmantelamiento de la infraestructura del país.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 1605 viviendas fueron destruidas y unas 10 000 fueron declaradas inhabitables como consecuencia de las intensas lluvias y deslizamientos de tierra en el norte, centro y sur del país. Las lluvias dejaron un total de 62 muertos, nueve desaparecidos y 23 743 damnificados durante febrero de 2025.
El 12 de febrero se produjo un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano que afectó a comunidades indígenas de la Amazonía. Fue el segundo derrame de petróleo en menos de una semana.
Aunque se exigen soluciones urgentes a las comunidades afectadas, sus peticiones son desatendidas. El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), aunque afirma estar investigando, se niega a actuar, como en otros casos. Según la ley, tanto el OEFA como PETROPERÚ deben responder, pero la ineficiencia, la relajación de los controles y la impunidad persisten.
El 21 de febrero, el techo de la Real Plaza de Trujillo, perteneciente a una cadena nacional de centros comerciales, se derrumbó, dejando ocho muertos y 84 heridos.
Esta tragedia fue resultado de una serie de deficiencias en la construcción de la plaza, propiedad de uno de los hombres más ricos del país, Carlos Rodríguez-Pastor. La falta de supervisión estatal y la presión política ejercida desde el Congreso para suspender las sanciones impuestas a la empresa, a pesar de los evidentes peligros, se hicieron evidentes y escandalosas.
La vivienda es otro problema que revela el abandono y la falta de planificación que ha sufrido el Estado peruano durante décadas. En las últimas dos décadas, las ciudades peruanas crecieron un 50 %, una tasa superior al promedio latinoamericano (30 %). Sin embargo, más del 90 % de esta expansión urbana ha sido informal, mediante ocupaciones ilegales y urbanizaciones informales.
En medio de desastres interminables, escándalos de corrupción y oleadas de protestas masivas, Boluarte se ha convertido en una figura odiada, con un índice de aprobación inferior al 5 %, un mínimo histórico.
¿Cómo puede un régimen así mantenerse en el poder y perseguir su agenda?
