Perú, Boluarte acorralada por derechos humanos pisoteados. Gobierno de Dina Boluarte tiene intención de enviar alta comisión a Corte Penal Internacional (CPI) por situación de Perú en derechos humanos.
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Gobierno de Dina Boluarte en Perú hace envío de una comisión a la CPI tras acusaciones de crímenes de lesa humanidad en derechos humanos, formuladas por la FIDH y Aprodeh.
El gobierno de Dina Boluarte anunció su intención de enviar una alta comisión a la Corte Penal Internacional (CPI). Este enfoque tiene como objetivo presentar la posición del Estado peruano frente a la muerte de 49 personas y el intento de asesinato de al menos otras 155 durante las protestas de 2022 y 2023.
El gobierno peruano está bajo presión. Respondió, enviando una alta comisión a la CPI, a la comunicación realizada a la fiscalía de este mismo tribunal el 25 de junio de 2024, por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones peruanas miembros, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Estas organizaciones han pedido una investigación sobre la extrema violencia que sufren los manifestantes en Perú. Los actos, sistemáticamente orquestados por las autoridades y ejecutados por la policía o el ejército, fueron denunciados como crímenes contra la humanidad en virtud del Estatuto de Roma.
Las organizaciones también demostraron el carácter racista y selectivo de la represión, que afectó particularmente a los pueblos indígenas, quechua y aymara.
Perú manifestantes
La FIDH y Aprodeh destacan la ausencia de iniciativas nacionales para investigar la violencia contra manifestantes en Perú, creando un clima de impunidad que perjudica la seguridad de las comunidades y el Estado de derecho. Al llevar estas violaciones de derechos humanos al escenario internacional, la FIDH no sólo documenta los abusos, sino que también allana el camino para investigaciones que probablemente conduzcan a juicios y reparaciones para las víctimas.
La CPI, como institución judicial global, puede revisar estos casos y presionar a los gobiernos para que respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. El compromiso de la FIDH demuestra el deseo de luchar contra la impunidad, el racismo estatal hacia los pueblos indígenas y apoyar a las familias afectadas.
La reacción del gobierno peruano se debe al importante impacto que tuvo esta comunicación a la CPI en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Esta atención de los medios es crucial para aumentar la conciencia pública sobre la gravedad de las violaciones cometidas en Perú y presionar a las autoridades para que tomen medidas concretas.
Cada artículo, informe o debate permite que se escuchen las voces de las víctimas y recuerda a los gobiernos que no deben contar con la impunidad para incumplir su deber de proteger los derechos de todos.
