Perú, anulan juicio a Fujimori por esterilizaciones forzadas

Perú, anulan juicio a Fujimori por esterilizaciones forzadas. Corte Suprema de Justicia de Perú anula el proceso judicial por esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Fujimori.

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La Corte Suprema de Justicia de Perú anula el proceso judicial por esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Fujimori aunque la Fiscalía volverá a presentar denuncia penal.

Más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas en los años 90 en Perú como parte de una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori.

El 7 de diciembre de 2024, el mismo día en que la Corte Constitucional liberó al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, la Corte Suprema de Justicia del Perú detuvo el proceso judicial por cientos de miles de esterilizaciones forzadas.

Se ordenó que el caso regrese al punto en que se encontraba en octubre de 2018, en la Fiscalía Supraprovincial de Casos de Violación de Derechos Humanos, para que se formule una nueva denuncia penal y un juez decida si el el proceso se va a abrir o archivar.

La decisión de la Corte Suprema surge a raíz de la demanda interpuesta por el exministro de salud del gobierno de Fujimori, Alejandro Aguinaga, para evitar ser investigado judicialmente por este caso. Entre los argumentos que presentó, Aguinaga sostiene que se están violando sus derechos constitucionales y que la investigación carece de fundamento porque en las dos décadas que lleva el caso ha sido archivado ocho veces por falta de pruebas.

Víctimas

Durante la dictadura de Alberto Fujimori, más de 272.000 mujeres y 22.000 hombres fueron esterilizados en regiones con altos niveles de pobreza y población mayoritariamente indígena, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Aunque se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento que se realizaron, hay más de 8.000 personas registradas en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las víctimas sufrieron discriminación por parte de su familia y comunidad, y quedaron con secuelas físicas y psicológicas que padecen hasta el día de hoy.

En diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez ordenó el inicio de una investigación preliminar contra el expresidente Alberto Fujimori y altos funcionarios de su gobierno, como los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y el asesor Ulises Jorge Aguilar. Para este caso, la Fiscalía presentó las pruebas recopiladas en 16 años de investigación, durante dos meses de audiencias.

Muertes

Se les acusa de ser responsables de la muerte de cinco mujeres: Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos, quienes tuvieron complicaciones luego de operaciones realizadas en pésimas condiciones de salud y sin seguimiento por parte de personal médico. También se les busca responsabilizar por las lesiones cometidas contra otras 1.315 víctimas en un contexto de graves violaciones de derechos humanos.

El caso de Celia Ramos representa muy bien cómo se realizaron la mayoría de estas esterilizaciones: en 1997, a los 34 años, acudió a un centro de salud para recibir tratamiento odontológico y sus médicos la identificaron como candidata a una ligadura de trompas. Ante la insistencia y presión de los sanitarios, que incluso la visitaron en su domicilio sin su consentimiento, Ramos accedió a la intervención quirúrgica y falleció a causa de una sepsis 19 días después.

Investigación

Esta investigación judicial se inició tres años después de que la Fiscalía presentara su denuncia penal en 2021. Una de las conclusiones a las que llegó el Ministerio Público fue que las esterilizaciones forzadas eran una política de Estado que apuntaba a reducir la pobreza. En 1991, mediante una evaluación demográfica territorial, el estado concluyó que existía “una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico”.

Los procedimientos se realizaron principalmente entre mujeres de zonas rurales de selva y montaña.

La Fiscalía también ha documentado con testimonios, publicaciones periodísticas e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República, que personal de salud obligaba a mujeres de escasos recursos a ligarse las trompas bajo engaños, amenazas o la falsa promesa de darles comida.

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