ONU fija posición contraria al Vaticano en aborto. Se espera que un grupo de “expertos” de la ONU emita declaración destinada a obligar a la Santa Sede y a la Iglesia Católica a rendirse ante el aborto.

Aborto ONU Vaticano

Con la última sesión del Consejo de Derechos Humanos que comenzará el 21 de junio, los expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales, están listos para publicar una declaración instando a la Santa Sede a introducir todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual.

La declaración, que va más allá de las capacidades de los expertos de la ONU, tiene el sello de un intento de socavar la doctrina católica utilizando los escándalos de abuso sexual.

En febrero de 2014, un informe del Comité de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño se metió en la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y el derecho canónico.

En mayo de 2014, un informe del Comité de la Convención de la ONU contra la Tortura trató de considerar el abuso de niños como tortura para presionar a la Santa Sede a introducir nuevas medidas.

En diciembre de 2019, Maud de Boer-Buquicchio, la entonces relatora especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños, elogió la decisión del Papa Francisco de que el secreto pontificio ya no se aplicaría en casos de acusaciones y juicios relacionados con el abuso de menores o personas vulnerables.

Santa Sede

Pero el jurista holandés también instó al Vaticano a «hacer cumplir los informes obligatorios para todo el clero y el personal que tenga conocimiento de estos actos atroces».

Al final, el alcance final de estas declaraciones es obligar a la Santa Sede a cambiar el derecho canónico para adaptarlo a un “protocolo de derechos humanos” que respalda o menciona sutilmente la “perspectiva de género” y los “derechos sexuales y reproductivos” (es decir, un impulso por el «derecho» al aborto).

En el comunicado, que la CNA ha visto antes de su publicación, los expertos se refieren a una carta dirigida a la Santa Sede en abril de 2021, donde expresaron “la mayor preocupación por las numerosas denuncias en todo el mundo de abusos sexuales y violencia cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra los niños, y sobre las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a los presuntos abusadores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas ”.

Los expertos se quejaron de que los concordatos y acuerdos de la Santa Sede con los estados «limitan la capacidad de la autoridad civil para cuestionar, obligar a la producción de documentos o enjuiciar a personas asociadas con la Iglesia Católica».

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