ONU condena a policía peruana por excesos en protestas públicas. La policía del Perú utilizó «fuerza innecesaria y excesiva» cuando se enfrentó a las protestas masivas en noviembre, aseveró la ONU.

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Las protestas surgieron contra el nombramiento de Manel Merino como presidente interino y hubo exceso de las fuerzas de seguridad, dijo este martes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

E informe asegura que las fuerzas de seguridad no han cumplido las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

«El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden dispersarse en casos excepcionales», dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 9 de noviembre, el Congreso acusó al popular presidente Martín Vizcarra, que había encabezado una campaña anticorrupción, por un escándalo de soborno que negó.

El 12 de noviembre, catorce personas resultaron heridas, dos de gravedad por heridas de bala, después de que la policía reprimió las protestas.

Dos días después, miles volvieron a tomar las calles para exigir el derrocamiento de Merino. Dos murieron y más de 100 resultaron heridos cuando la policía disparó perdigones de escopeta contra una gran marcha en la capital, Lima.

Merino finalmente renunció el 15 de noviembre.

Informe sobre violaciones

Por invitación de Perú, se llevó a cabo una misión de la Oficina de Derechos Humanos a Lima del 17 al 22 de noviembre para recabar información sobre presuntas violaciones cometidas durante las protestas.

El informe dijo que los agentes de policía no distinguieron entre la mayoría que protestaba pacíficamente y una minoría que presuntamente actuó violentamente.

La policía disparó perdigones con escopetas y gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de las personas, de forma indiscriminada y de cerca.

Dijo que dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso.

Bachelet, ex presidenta chilena, instó al gobierno y al Congreso a «tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos».

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