Nuevo presidente del Perú, agenda urgente en minería. El nuevo presidente del Perú, surgido de una reñida elección, deberá ocuparse con urgencia de decenas de conflictos relacionados con la minería.
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Más del 64% de los 191 conflictos sociales registrados en los últimos meses en Perú están vinculados a preocupaciones sociales y ambientales relacionadas con las operaciones mineras, muestran las cifras más actualizadas publicadas por la Defensoría del Pueblo.
Esta es la realidad que tendrá que afrontar el nuevo presidente del país andino. Según medios locales, este es particularmente el caso de las regiones sureñas de Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Arequipa y Tacna, que concentraron el 30% del malestar social.
Uno de los principales problemas se relaciona con la Pista Minera Sur, que atraviesa el departamento sureste de Cusco, el departamento centro-sur de Apurímac y llega al departamento suroeste de Arequipa hasta el puerto Matarani-Arequipa, donde los productos se envían a Asia. La vía se utiliza para transportar concentrado de la mina de cobre Las Bambas de MMG, la mina de cobre Constancia de Hudbay Minerals y la mina de cobre Antapaccay controlada por Glencore.
Desde hace años, las comunidades a lo largo del corredor se han quejado de la contaminación causada por los camiones mineros y exigen una compensación a las empresas que hacen uso del camino.
Chumbivilcas
Uno de los conflictos más recientes fue lanzado por la comunidad de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas, quienes le están pidiendo a Hudbay que actualice un acuerdo de 2016 para que el minero le devuelva a la comunidad alrededor de $ 64,6 millones al año, en lugar de los actuales $ 905.000. Las negociaciones entre el minero, las autoridades y la comunidad continúan.
Hudbay también está negociando con el Frente Unido para la Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, quienes solicitan a la empresa que anule la actualización más reciente de la evaluación de impacto ambiental de la mina Constancia.
Glencore también ha tenido que lidiar con levantamientos relacionados con sus operaciones peruanas. Se han realizado reuniones técnicas desde que las comunidades locales bloquearon las carreteras en marzo , exigiendo consultas previas antes de que el proyecto de expansión de Antapaccay Tintaya y la integración con Coroccohuayco continúen. También piden una indemnización por daños ambientales y sociales.
Otro conflicto en curso es el iniciado por la comunidad campesina de Fuerabamba, también en la provincia de Chumbivilcas, quienes argumentan en contra de la reclasificación de la vía que cruza la finca Yavi Yavi como vía nacional.
