México atraviesa terremoto político, estructura de poder cuestionada. En medio de la pandemia Covid-19 que no se pudo controlar (con más de 60 mil muertos, México ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil), la corrupción anida en el poder.

México terremoto político

Por Manuel Aguilar Mora

Con una crisis económica devastador con al menos un aumento de un millón de desempleados y la tendencia imparable hacia la violencia criminal que continúa sin cesar, el país vive ahora un terremoto político que está sacudiendo su estructura política dominante de arriba a abajo.

Descomposición política

Los elementos de esta tormenta política ya estaban presentes hace dos años. La aplastante victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), forjada en gran parte por él mismo con su campaña de feroz agitación durante varios años contra la «mafia del poder» del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PAN (Partido Acción Nacional) -su unión en la práctica resultó en el acrónimo: el PRIAN- llevó a la pulverización política y organizativa de los dos partidos, pilares del régimen tradicional mexicano durante gran parte del siglo XX y hasta inicios del XXI.

Es así como el partido de AMLO, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se ha consolidado como la aplanadora de las cámaras legislativas (a nivel de entidades estatales y federativas).

De hecho, en el último paso antes de las elecciones presidenciales de 2018 que llevaron a su triunfo, AMLO comenzó a diluir palpablemente su vino “contra la mafia del poder”. AMLO ha mostrado claramente el motivo de este punto de inflexión en su discurso político, que se ha moderado mucho desde su llegada al Palacio Nacional.

Aunque caóticamente, su curso de política económica centrada en la lucha contra la corrupción, no difiere sustancialmente de las regulaciones macroeconómicas neoliberales que han prevalecido durante los últimos treinta años: pleno apoyo a las empresas capitalistas, especialmente a las más grandes; énfasis en las privatizaciones; extrema austeridad del presupuesto público; fortalecimiento del aparato represivo y completa subordinación a la economía del poderoso vecino del norte.

AMLO, distinto pero igual

Incluso en los objetivos favorecidos de su gobierno, AMLO no se distingue de sus predecesores por subordinar enormes recursos económicos a proyectos faraónicos particulares que no satisfacen las necesidades urgentes del momento, como el aeropuerto de Santa Lucía (en la Ciudad de México), el tren “Maya” (proyecto ferroviario de 1.525 kilómetros que cruzaría la península de Yucatán) y la refinería Tres Bocas de Tabasco.

Su objetivo de «los pobres primero» se ha mantenido como un eslogan sin materialización real como lo demuestra la situación de abandono en la que la abrumadora mayoría popular se encuentra en la pandemia.

Obviamente, las circunstancias de la aguda crisis capitalista global ya anunciada desde 2019 y desencadenada ferozmente con el inicio de la pandemia han tensado los conflictos, agudizando drásticamente todas las contradicciones, dejando poco o ningún espacio para el compromiso.

Esto está sucediendo en todo el mundo y no podía dejar de expresarse también en México, sobre todo porque desde 2018 es evidente que las grandes masas populares han expresado, con 32 millones de votos, su repudio al sistema PRIAN presentado falsamente como «democrático»: en realidad un régimen de decadencia, violencia y corrupción generalizada.

Sin duda, el terremoto político que sacude a México ha puesto de relieve esta situación.

Emilio Lozoya Austin, otra piedra del escándalo en México

Emilio Lozoya Austin es la figura que se ha convertido en el origen del escándalo de poder más importante del gobierno de AMLO hasta la fecha. Es el principal imputado por el sistema judicial de delitos mayores. Pero además, debido a las vicisitudes del ordenamiento jurídico actual, actúa como testigo, colaborador y denunciante.

Director de Pemex durante la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, miembro del PRI), huyó con motivo de la llegada de AMLO como presidente y fue arrestado en España.

Extraditado a México en julio de 2020, Emilio Lozoya es (fue) el miembro clásico de los más altos niveles de los gobiernos del PRIAN como heredero de una dinastía familiar de la élite del poder, destinado y educado para ser un alto funcionario.

Odebrecht en México

Como representante internacional de Peña Nieto, Emilio Lozoya fue directamente responsable de tratar con la transnacional brasileña Odebrecht, que en 2012 aportó importantes recursos financieros a la campaña presidencial de la primera empresa a cambio de cuantiosos contratos a partir de entonces.

El vínculo del gobierno con esta empresa -que también aportó los recursos económicos utilizados en los sobornos necesarios para aprobar la ‘reforma energética’ que se llevaría a cabo en 2013-14 – ya estaba presente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012, miembro del PAN).

Fue un vivo ejemplo de la complicidad entre la administración de Felipe Calderón y la de Peña Nieto, entre el PAN y el PRI. La denuncia de estos hechos (documento de más de 60 páginas) presentada ante la Fiscalía General de la Nación por Emilio Lozoya, el 11 de agosto, y distribuida legalmente de manera irregular una semana después, es la cuenta de reuniones, acuerdos, sumas de dinero pagadas como sobornos, relaciones entre personalidades del mundo político de los grupos dominantes con el presidente de la época, Peña Nieto, y Luis Videgaray Caso, quien fue Ministro de Hacienda y luego Ministro de Relaciones Exteriores en el último gobierno.

Además de la filtración de la denuncia mencionada, también se difundió un video. Muestra a miembros del PAN de la Cámara de Diputados distribuyendo pilas de billetes en bolsas grandes sobre una mesa dentro de maletas.

Peña Nieto y Emilio Lozoya

En el relato detallado de su denuncia, Emilio Lozoya nombra a tres expresidentes de la República -Carlos Salinas de Gortari (1988-1994, del PRI), Peña Nieto y Felipe Calderón- como autores y ejecutores de numerosas operaciones por miles de millones de dólares. dólares y que aportó superbeneficios a la empresa brasileña Odebrecht a través de contratos leoninos, innumerables donaciones y créditos del banco estatal (Nafinsa y Bancomext).

Además: dos ex candidatos presidenciales (el candidato del PAN, Ricardo Anaya, y el candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, quien también ocupó dos veces el cargo de secretario de Estado en el gabinete de Peña Nieto).

También a una especie de vicepresidente ejecutivo durante el mandato de Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, cerebro del gobierno durante el sexenio 2012-2018 de Peña; a Ernesto Cordero, que ahora es senador; dos panistas que ahora son gobernadores: Francisco García Cabeza de Vaca, del estado de Tamaulipas, y Francisco Domínguez del estado de Querétaro.

Y arremete contra varios políticos vinculados específicamente al calderonismo: Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari: José Antonio González Anaya, quien fue Secretario de Hacienda y Director de Pemex durante el período de Peña Nieto, y otras 70 personas relacionadas con estas operaciones en el Legislativo y Pemex, entre otros.

El rol de AMLO

En sus conferencias de prensa diarias de agosto, refiriéndose al escándalo de Lozoya, AMLO se hizo eco en más de una ocasión del grito que tantas veces se escucha en las protestas populares: «La gente está cansada de este puto tráfico».

Siguió hablando, comentando, enfatizando y recomendando que todos leyeran el testimonio de Lozoya, que considera, no sin razón, como prueba contundente de la quiebra de los gobiernos «neoliberales», es decir, de sus opositores políticos burgueses.

Esta lucha contra la corrupción, centrada en las capas superiores, lo llevó a decir que la denuncia de Emilio Lozoya plantea la necesidad de hacer rendir cuentas a los expresidentes de la República que en ella se mencionan. Algo inaudito en los anales políticos del país que, por primera vez, acerca a los omnipotentes e intocables presidentes mexicanos al destino más realista de los funcionarios ejecutivos de América del Sur.

Esta serie de saqueo, soborno y corrupción de las finanzas públicas que opera Odebrecht en el subcontinente afectó a 21 presidentes: tres en Guatemala, uno en El Salvador, cuatro en Perú (uno de los cuales se suicidó, Alan García), dos en Colombia, dos en Ecuador y cinco en Brasil.

Esto finalmente afectó a tres personajes en México. Una lección que postula inequívocamente que la corrupción es inherente al sistema, porque lógica y necesariamente se sigue de la explotación capitalista.

Una verdad que el «obradorismo» (AMLO) rehuye y niega con vehemencia, considerando que dentro de las fronteras nacionales «no hay lucha de clases». Una concepción ideológica subyacente en el origen del «obradorismo» en la pequeña burguesía cuya constitución, como fuerza política hegemónica del Estado burgués en México, lo hacía completamente dependiente del capital.

La encarnizada lucha entre estos grupos de poder, representantes de intereses burgueses muy poderosos, adquirió toda su virulencia en esta tercera semana de agosto. El 17 de agosto se mostró el citado video, produciendo un verdadero revuelo nacional, pero tres días después siguieron más videos, en los que también había bolsas y sobres llenos de billetes que fueron entregados a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este último reaccionó de inmediato, el 22 de agosto, mostrando el contrato del gobierno de Peña con Odebrecht por la empresa Etileno XXI, que implicó un robo valorado en aproximadamente 750 millones de dólares.

Y no evitó comparar las valijas que recibió su hermano Pío con otras bolsas: “Mis opositores tomaron videos de mi hermano recibiendo dinero para colaborar con Morena, en 2005. En total caso, es dinero que le dieron».

Para él, esto es muy diferente al dinero de la corrupción de Odebrecht. “Lo de Odebrecht es corrupción, lo otro es cooperación (La Jornada, 23/08/2020). Admitió que su hermano y la persona que le dio el dinero deberían ser investigados y dijo que estaba dispuesto a testificar. Y su frecuente práctica de hablar en dichos populares terminó con la siguiente expresión: «El buen juez comenzará por su casa, y el que nada debe, nada teme».

El panorama de la política en México es angustioso. Un ex asesor del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa, señala sin rodeos las consecuencias de estos hechos en la estructura de los partidos en México. Los partidos desfalcaron millones del tesoro para comprar votos y publicidad. Se sobornó a diputados y senadores para que votaran por reformas que privatizaban la energía y la educación. Los órganos de supervisión electoral nunca notaron que se excedieron los límites para el gasto de campaña.

La Oficina de Auditoría Superior nunca ha establecido un vínculo entre la firma de contratos públicos y los sobornos privados. Todo esto estaba bajo el control de una «élite» que no discutía sobre ideas, sino sobre sobornos.

Así, la expresión política de la transición a la democracia no fue, contrariamente a lo que decían sus biógrafos, ni democrática ni liberal. Es hacia una democracia «fea» que ha producido «una presidencia fraudulenta, la de Peña Nieto cuya ilegalidad es una de las posibles consecuencias del escándalo actual».

El callejón sin salida oficial

El escándalo de Emilio Lozoya, Odebrecht y sus anexos, que engloba y salpica a toda la jerarquía de la casta oficial del PRIAN pero también del PRD (Partido de la Revolución Democrática, creado en 1989 tras la ruptura del PRI, liderado por Cuauthémoc Cárdenas) y si rascamos un poco para sacar a la luz los grupos que han entrado en Morena, hay una prueba palpable de la descomposición de la política en México.

La evidencia de delitos y faltas de todo tipo cometidos por representantes de esta burguesía -desde sus más altas personalidades, como los tres ex presidentes mencionados, hasta sus agentes menores de edad- no deja duda que merecen ser ser castigado. La cárcel debe ser su destino para pagar los monstruosos crímenes cometidos por estos representantes bajo la autoridad intelectual del más alto funcionario civil y, por supuesto, militar.

La connivencia de altos niveles de poder con el hampa es otra prueba más que probada bajo la administración de Felipe Calderón con el encarcelamiento del superpolicía de su gobierno, Genaro García Luna, en Estados Unidos, acusado de complicidad con infractores de drogas.

Este es, por supuesto, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes (de la escuela de formación docente rural) de Ayotzinapa (en la localidad de Iguala, estado de Guerrero). Un caso en el que se ha impuesto la más completa discreción oficial, luego que se avanzara mucho hace unas semanas, cuando las investigaciones subrayaron la inevitable necesidad de examinar los archivos y recursos de todo tipo de personal militar del cuartel de Iguala y otras fuentes sobre su implicación en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Abrumado por la triple crisis de la pandemia de salud, la catastrófica caída de la economía y la violencia criminal que no cesa, AMLO ha entrado en conflicto con sus antecesores en el poder en el Zócalo, un conflicto cuyo resultado es improbable.

Si bien se realiza en el ambiente cambiante de hoy, las encuestas avalan su posición en la situación criminal que ha expuesto Emilio Lozoya. Cuánto va a durar esto?

Ésta es una prueba de fuego de la que dependerá gran parte de su mandato, es decir, durante el período más largo. La lucha interburguesa entre AMLO y sus opositores no será la fuente de la justicia que demanda la situación de criminalidad y delincuencia que impera en México.

La fecha de las elecciones de mitad de período de 2021 ya está en el horizonte y se saldarán muchos puntajes. El destino de Morena es importante para AMLO. Las próximas semanas y meses serán cruciales. Ante la debacle de las formaciones burguesas tradicionales, el escenario está abierto para nuevas alternativas reformistas o un gobierno fuerte.

En el panorama burgués, no se ve reformismo en el horizonte; por el contrario, hay cada vez más indicios de soluciones militares, como vimos cada vez más durante el gobierno de Obrador. AMLO, por tanto, aspira a seguir fortaleciéndose como un hombre fuerte del sistema.

En tanto, mientras grandes sectores del pueblo quieren y esperan el castigo de los criminales que han quedado expuestos en los escándalos actuales, otros sectores de estas mismas masas no esperarán los retorcidos caminos de la justicia. La lucha de clases, hasta cierto punto frenada por la pandemia, emergerá con fuerza a la menor señal de grietas y oportunidades.

Manuel Aguilar Mora, catedrático de la Universidad Autónoma de México (UACM), fue miembro de la Comisión de Lucha de Filosofía y Letras junto a José Revueltas en 1968. Autor de numerosos libros sobre la historia política y social de México

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