La Rinconada, el oro es señuelo tóxico para peruanos. El oro es un señuelo tóxico en el asentamiento más alto del mundo, La Rinconada, donde miles de peruanos buscan la salvación económica y el milagro.
La Rinconada oro
El vapor de mercurio del procesamiento de oro en La Rinconada contamina el glaciar cercano llamado La Bella Durmiente y, como resultado, el agua que los residentes usan para beber y cocinar. Los trabajadores del glaciar ajustan las mangueras que canalizan el agua de deshielo hacia el asentamiento minero peruano.
La Rinconada es el asentamiento más alto del planeta, un lugar cuya desoladora existencia depende del alto precio de su recurso más codiciado: el oro.
A medida que el precio del elemento precioso se quintuplicó en las últimas dos décadas, lo que alguna vez fue una pequeña ciudad a la sombra del monte Ananea nevado se ha transformado en una extensión descontrolada de chozas de metal corrugado alrededor de las entradas de las minas artesanales y un lago lleno de basura.
El frío penetrante y la falta de oxígeno a tanta altitud sobre el nivel del mar dejan incluso a los lugareños sin aliento, y huele como lo que es: un asentamiento con una población transitoria de unas 30.000 a 50.000 personas y sin recolección de basura ni sistema de alcantarillado.
Los accidentes mortales en el laberinto de minas en las profundidades del monte Ananea son comunes, al igual que las peleas letales. Los mineros han sido robados o incluso asesinados después de vender su oro, sus cuerpos abandonados en los pozos de las minas.
Algunas víctimas de asesinato han sido mujeres y niñas atraídas desde las ciudades más grandes de Perú y Bolivia por traficantes de personas que les confiscaron sus documentos de identidad y las pusieron a trabajar en los sucios bares y burdeles de La Rinconada.
Varias pequeñas empresas tienen reclamaciones sobre el Ananea, y una subcontrata secciones de su reclamación a alrededor de 450 miembros de cooperativas que se encuentran entre sus accionistas.
La mayoría de las minas que operan bajo esos contratos se consideran informales, lo que significa que tienen condiciones laborales, de seguridad y ambientales deficientes, pero el gobierno les permite continuar operando siempre que se registren en un programa que tiene como objetivo que cumplan con estándares más altos.
