Indígenas de Perú son excluidos en el desarrollo del Amazonas

Indígenas de Perú parecieran estar al margen de los planes oficiales para desarrollar el Amazonas peruano. El gobierno  tiene una agenda clara de desarrollo para sus regiones de selva amazónica. La extracción de petróleo ya está ocurriendo a gran escala. Eso será apoyado por una inversión significativa en nuevos gasoductos, represas hidroeléctricas propuestas y otros grandes proyectos de transporte.

Pero, ¿qué hacen las personas que realmente viven en la región? Los planes de desarrollo de Perú restringen deliberadamente la capacidad de los ciudadanos locales para dar su consentimiento a estos proyectos.

La mayoría de las personas que viven en las regiones amazónicas de Perú son indígenas, personas que siguen excluidas y discriminadas. Según un ex presidente, los indígenas son un obstáculo para el desarrollo: «comunidades artificiales que poseen 200.000 hectáreas en papel pero solo cultivan 10.000 hectáreas, mientras que el resto es propiedad ociosa».

Perú es una democracia joven que solo ha celebrado elecciones desde 2001. Su constitución establece derechos significativos para sus ciudadanos, incluida la «libertad de información, opinión, expresión» y el derecho a su «propia voz e imagen». Perú también es miembro de varios órganos regionales importantes de derechos humanos y ha firmado tratados internacionales relevantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Juntos, estos consagran los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado.

Sin embargo, la democracia del Perú no es perfecta y ha sido evaluada como «defectuosa» por estudios internacionales. Si bien los ciudadanos tienen derechos, las instituciones estatales débiles del país significan que no puede mantenerlos o implementarlos. Más preocupante aún, una mirada más cercana a la libertad de expresión del Perú en torno a los proyectos de desarrollo encuentra un ambiente político mucho más restrictivo para los ciudadanos.

«Grupos hostiles»

Un decreto de 2008 eliminó el requisito de que el gobierno declare el estado de emergencia antes de desplegar el ejército. Igualmente, en septiembre de 2010, una nueva ley permitió que las fuerzas armadas se utilizaran contra los manifestantes y reglamentó el uso de la fuerza letal contra los «grupos hostiles».

Nada de esto parece haber funcionado: según el Defensor del Pueblo de los derechos humanos, los conflictos sociales que se tornan violentos han provocado 271 muertes desde 2006, mientras que Global Witness dice que 50 defensores ambientales y de derechos humanos fueron asesinados en Perú entre 2010 y 2015.

Perú tiene dos mecanismos principales a través de los cuales se puede consultar al público: una ley de consulta previa y evaluaciones de impacto ambiental. Ambos han mejorado las cosas, pero permanecen fallas serias.

La ley de consulta previa se desarrolló para garantizar conversaciones con los pueblos indígenas antes de cualquier desarrollo de recursos naturales. Fundamentalmente, la ley en sí es solo consultiva y no le da a las personas un veto sobre ningún proyecto de desarrollo.

Las evaluaciones de impacto ambiental ahora están siendo aprobadas por el estado más rápido que nunca. Los talleres y las audiencias públicas para la población local, en teoría, parte del proceso de evaluación de impacto, a menudo ocurren después de que el gobierno haya firmado acuerdos de petróleo y gas. Por lo tanto, los ciudadanos afectados son los últimos en conocer estos desarrollos.

Las selvas amazónicas del Perú todavía se consideran un recurso sin explotar. La búsqueda agresiva del gobierno por el desarrollo está diseñada para cambiar esto a costa de las poblaciones locales, predominantemente indígenas, que aún se consideran obstáculos para el desarrollo continuo del Perú.

Esto debe cambiar. El estado peruano debe escuchar y respetar las voces de sus ciudadanos indígenas.

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