Fujimori, nuevos procesos por esterilizaciones forzadas

Fujimori, nuevos procesos por esterilizaciones forzadas. Justicia en el Perú abre nuevo proceso penal contra Alberto Fujimori por esterilizaciones forzadas en la década de los noventa.

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Un juez abrió este sábado un nuevo proceso penal contra el expresidente peruano Alberto Fujimori, ingresado desde octubre en una clínica de Lima, y otros ​​cuatro ex altos funcionarios de su segundo gobierno, en la década de 1990, por el escándalo de las esterilizaciones forzadas.

Durante este período, se realizaron más de 340.000 ligaduras de trompas y 24.000 vasectomías como política de reducción de la pobreza. Los especialistas consideran que al menos 180.000 de estos, practicados en dos años, fueron violatorios de los derechos humanos.

El caso, que ha tardado 12 años en llegar a la fase penal, tiene como objetivo hacer justicia a 1.307 denunciantes, en su mayoría mujeres y hombres pobres e indígenas. Esta es la primera vez que el escándalo supera las barreras judiciales, ya que se han presentado casos similares.

Más implicados

La denuncia fue presentada al Ministerio Público en 2009. El juez Rafael Martínez escuchó en marzo los alegatos del fiscal Pablo Espinoza sobre la acusación contra el autócrata de 83 años, los exministros de salud Antonio Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong , además de otros funcionarios.

En septiembre, el magistrado inició la resolución. En la mañana de este sábado se anunció la apertura de una investigación judicial contra los citados políticos, además del exasesor de salud, Ulises Jorge, como “autores (de delitos) por dominio en el aparato organizado del poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos ”.

El juez apoyó en audiencias anteriores la teoría del “hombre de la espalda” en cientos de documentos de archivo de entidades públicas y testimonios de víctimas y acusados ​​obtenidos por el Ministerio Público.

Explicó que cada empleado de salud que reclutaba a hombres y mujeres por la fuerza o por engaño para someterse a una cirugía sabía que la “anticoncepción quirúrgica” era una prioridad para Fujimori y los exministros. Corrían el riesgo de ser despedidos si no alcanzaban una cuota mensual de esterilizados o no podían obtener beneficios como bonificaciones o viajes, ofrecidos si se alcanzaba una meta.

Para persuadir a las mujeres, los trabajadores amenazaron con perder los beneficios sociales o alimentarios, o con no entregarles los documentos de sus bebés recién nacidos. O denunciarlos directamente a la policía si no aceptaron el procedimiento.

El fiscal Espinoza presentó 187 documentos y declaraciones para acusar a Fujimori y a los exfuncionarios de las lesiones que provocaron la muerte de varias mujeres, entre ellas Mamerita Mestanza y Celia Ramos, cuyos expedientes llegaron al sistema interamericano de derechos humanos.

El juez Martínez ha fijado un plazo de 120 días para la fase de instrucción, en la que se debe recabar la prueba del delito. Posteriormente podría llegar el juicio oral.

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