Cuarentenas en América Latina, forma legal de represión social. Amnistía Internacional lo afirma en nuevo informe sobre las cuarentenas, titulado «Cuando la protección se convierte en represión».

Cuarentenas América Latina

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han encerrado a decenas de miles de personas en centros públicos de cuarentena inadecuados.

Allí no han estado suficientemente protegidos contra las violaciones de derechos humanos y han sido sometidos a condiciones que pueden constituir malos tratos y detención arbitraria, denuncia la organización Amnistía Internacional.

Las cuarentenas obligatorias bajo el COVID-19 en las Américas, muestra que las autoridades de estos tres países han encerrado de manera desproporcionada a migrantes, refugiados y retornados.

A menudo en espacios insalubres, donde las condiciones eran a veces inhumanas y donde los alimentos, el agua y la atención médica eran insuficientes, lo que probablemente constituya mal trato. Estas condiciones inaceptables hacen que esta cuarentena sea contraproducente, ya que las personas allí detenidas corren el riesgo de contraer COVID-19.

“En muchas partes del mundo, las autoridades han pedido a las personas que se queden en sus hogares o que cumplan voluntariamente con una medida de cuarentena para minimizar el riesgo de contraer COVID-19.

Pero cuando los estados encierran a decenas de miles de personas sin asegurarse de que cada encierro sea necesario y proporcionado, cuando mantienen a esas personas en condiciones inaceptables bajo supervisión policial o militar, y cuando las someten a discriminación o usar la cuarentena como castigo, luego convierten las medidas de salud pública en una política punitiva y represiva”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A finales de agosto, según estadísticas gubernamentales, las autoridades venezolanas habían puesto en cuarentena obligatoria a unos 90.000 venezolanos que habían regresado a sus países tras perder sus trabajos y viviendas en países vecinos, como Colombia y Perú.

Estos fueron enviados a centros de cuarentena insalubres bajo control del ejército, con condiciones de detención a veces inhumanas.

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