Alejandro Toledo, avanza la extradición al Perú. Juez norteamericano avanza en el caso de extradición contra el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo.

Alejandro Toledo extradición

Toledo no puede superar la extradición a su país de origen basándose en acusaciones de que el gobierno peruano no lo acusó formalmente de soborno y otros delitos, como lo exige su tratado con Estados Unidos, dictaminó este viernes un juez federal.

“El tribunal rechaza el argumento de Toledo que solo los cargos formales pueden satisfacer el requisito de ‘acusación’ del tratado”, escribió el juez federal Thomas Hixson en un fallo de nueve páginas después de escuchar los argumentos sobre la disputa el viernes.

Buscado en Perú por presuntamente aceptar 35 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña, Odebrecht, Alejandro Toledo afirma que los cargos son falsos, tienen motivaciones políticas y se basan en declaraciones de testigos coaccionados.

El hombre de 74 años fue arrestado en julio de 2019 y liberado de la cárcel en régimen de confinamiento domiciliario en marzo, debido al riesgo de enfermedad grave o muerte por el virus Covid-19.

En julio, Toledo presentó una moción para denegar la extradición por no presentar cargos formales. También argumentó que uno de los cargos que se están investigando, el tráfico de influencias, no es un delito por el que podría ser extraditado porque no existe una ley paralela en Estados Unidos.

Aunque la ley estadounidense prohíbe el soborno, uno puede ser declarado culpable de tráfico de influencias en Perú por simplemente aceptar algo de valor, en lugar de cambiarlo por favores gubernamentales como lo exige la ley estadounidense, argumentó Toledo.

El viernes, el defensor público de Toledo, Graham Archer, argumentó durante una audiencia en la corte virtual que la decisión del 11 de agosto fue un reconocimiento tácito de los fiscales peruanos de que estaban investigando a su cliente desde febrero de 2017, cuando se solicitó la extradición por primera vez. Los fiscales peruanos nunca presentaron cargos formales como lo exige un tratado de extradición de 2001 entre Estados Unidos y Perú, insistió Archer.

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